¿VULNERA EL ENVIO DE PROPAGANDA ELECTORAL LA LEY DE PROTECCION DE DATOS?



Recientemente, todos hemos recibido propaganda electoral en nuestro domicilio, de los distintos partidos políticos, en relación con las elecciones generales. La pregunta es si esta remisión de propaganda, a través de una base de datos personales que sin duda poseen los partidos, puede vulnerar la Ley de Protección de Datos.

La respuesta tiene que ser negativa. La Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, habilita a la Oficina del Censo Electoral para que aporte los datos personales a los partidos políticos de cara a las votaciones electorales.

Según el artículo 29 y ss. de esta Ley, la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el instituto nacional de estadística, es el órgano encargado de la formación del censo electoral y ejerce sus competencias bajo la dirección y la supervisión de la Junta Electoral Central. Actuando los Ayuntamientos y Consulados como colaboradores de la Oficina en las tareas censales. Y tiene entre otras, las siguientes competencias: Coordina el proceso de elaboración del censo electoral y con tal fin puede dirigir instrucciones a los Ayuntamientos y Consulados, así como a los responsables del Registro Civil y del Registro de Penados y Rebeldes. Supervisa el proceso de elaboración del censo electoral y a tal efecto puede inspeccionar los Ayuntamientos y Consulados. Controla y revisa de oficio las altas y las bajas tramitadas por los órganos competentes y elabora un fichero nacional de electores, comunicando a la Junta Electoral Central los resultados de los informes, inspecciones y, en su caso, expedientes que pudiera haber incoado referidos a modificaciones en el censo de las circunscripciones que hayan determinado una alteración del número de residentes significativa y no justificada. Elabora las listas electorales provisionales y las definitivas. Y resuelve las reclamaciones contra las actuaciones de los órganos que participan en las operaciones censales y en particular las que se plantean por la inclusión o exclusión indebida de una persona en las listas electorales.

El artículo 41 de la repetida ley, regula el acceso a los datos censales, siendo especialmente relevante por lo que a este dilema respecta:

1. Por real decreto se regularán los datos personales de los electores, necesarios para su inscripción en el censo electoral, así como los de las listas y copias del censo electoral.

2. Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial.

3. No obstante, “la Oficina del Censo Electoral puede facilitar datos estadísticos que no revelen circunstancias personales de los electores”.

4. Las comunidades autónomas podrán obtener una copia del censo, en soporte apto para su tratamiento informático, después de cada convocatoria electoral, además de la correspondiente rectificación de aquél.

5. Los representantes de cada candidatura podrán obtener dentro de los dos días siguientes a la proclamación de su candidatura una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por mesas, en soporte apto para su tratamiento informático, que podrá ser utilizado exclusivamente para los fines previstos en la presente Ley. Alternativamente los representantes generales podrán obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos donde su partido, federación o coalición presente candidaturas. Asimismo, las Juntas Electorales de Zona dispondrán de una copia del censo electoral utilizable, correspondiente a su ámbito.{..]

6. Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, podrá excluirse a las personas que pudieran ser objeto de amenazas o coacciones que pongan en peligro su vida, su integridad física o su libertad, de las copias del censo electoral a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

Fco. Javier Cascales de Agueda