LA INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS Y SU COMPATIBILIDAD CON EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



Es cada vez más frecuente recurrir a la instalación de aparatos de grabación de imágenes para obtener una protección más eficaz de determinados recintos públicos o privados. Sin embargo, sea cual sea el emplazamiento de dicho dispositivo de vigilancia, se deberá respetar un principio básico, protegido por la Constitución Española través de su artículo 18.1, como es el derecho a la intimidad personal y la propia imagen; además de un correcto tratamiento de las imágenes obtenidas (como dato personal que son).

En efecto, y para hacer compatibles ambos fines, deberá cumplirse con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen y, de forma específica, con la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, que complementa y desarrolla, en este apartado particular, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dicha Instrucción regula el tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables mediante el tratamiento de las imágenes captadas por cámaras o medios técnicos similares; distinguiendo entre aquellas que se obtengan por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad, que junto al tratamiento de las imágenes personales y domésticas (ámbito familiar) se regularán de forma específica.

Será posible el tratamiento de estos datos cuando éste se someta al control que impone la Ley de Protección de datos, es decir, el consentimiento previo del interesado salvo: cuando la cesión está autorizada en una ley, cuando fueran recogidos de fuentes accesibles al público, cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique. Del mismo modo, cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas, cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto su tratamiento con fines históricos, estadísticos o científicos, ni cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero, o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.

Igualmente, la instalación de las cámaras exigirá una información previa a los interesados, con los siguientes requisitos. Un distintivo colocado en lugar visible que avise de su colocación. Colocar, a disposición de aquellos, impresos que informen sobre: la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; así como de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o de su representante.

Además, su instalación se ajustará a los Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento, es decir, que únicamente se tratarán imágenes adecuadas y acordes al fin que justificó su instalación, y siempre que la finalidad de vigilancia no se pueda obtener por otros medios menos intrusivos para la intimidad personal, quedando igualmente prohibida la obtención de imágenes de espacios públicos salvo cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por su ubicación. Las imágenes obtenidas se cancelarán en el plazo máximo de un mes desde su captación, quedando bloqueadas; conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberán ser eliminadas.

Fco. Javier Cascales de Agueda
Abogado colaborador del Grupo Catalana Occidente