LAS TASAS JUDICIALES ENCARECEN EL ACCESO A LA JUSTICIA



tasas_judiciales_DEPSA_proteccion_juridicaEl 22 de noviembre del 2012 entró en vigor la Ley 10/2012 que regula el pago de Tasas Judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia y que afecta tanto a los particulares como a las empresas.

Se exigirán por igual en todo el territorio nacional y, aunque la Ley abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan también imponerlas, lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha suspendido las que había aprobado la Generalitat de Catalunya.

Afectan las jurisdicciones Civil, Contencioso-administrativa y la Social, quedando excluida su aplicación en la jurisdicción Penal.

La ley recoge una serie de excepciones en que las que no se exige su pago:

1. Objetivas:

  • Procesos de capacidad, filiación y menores, sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos de los hijos menores.
  • Procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas
  • La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
  • La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
  • Procedimiento monitorio y el juicio verbal de cuantía no superior a los dos mil euros.
  • Recursos contencioso-administrativos en casos de silencio administrativo.

2. Subjetivas:

  • Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
  • El Ministerio Fiscal.
  • La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
  • Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
  • En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

Lo cierto es que, salvo que concurran algunas de las excepciones indicadas, si queremos, por ejemplo, reclamar en la vía civil, unos daños que ascienden a 2.000€, aparte de los gastos habituales de abogado y procurador necesarios para presentar la demanda, deberemos pagar una Tasa Judicial fija de 150€ y una variable  de 10€ (0,5% sobre la cuantía), es decir, 160€. Si, además, quisiéramos recurrir la sentencia, deberemos abonar,  800€ de Tasa fija, más 10€ de la variable, es decir, un total de 810€.

Ante esto, organizaciones de consumidores, asociaciones de víctimas de la carretera, abogados, jueces y ciudadanos de a pie se han quedado estos día sorprendidos y ya han lanzado sus críticas, que van desde los que piensan que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva hasta los que creen que se establece una justicia para ricos y otra para pobres.

El propio Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprobado un manifiesto en el que reitera su rechazo» a la norma «por su clara y evidente inconstitucionalidad». Entiende el Consejo que la aplicación de estas tasas está produciendo «violaciones del derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución».

Tal como están las cosas, y hasta que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional contra dicha Ley, a día de hoy, el acceso a la justicia para los ciudadanos y las empresas es más caro, por ello, es importante recordar que las compañías de Protección Jurídica, como DEPSA, siempre han cubierto en sus pólizas los gastos de reclamación y de defensa jurídica y, entre ellos, se incluye el pago de las Tasas Judiciales.

Ignasi Mas Bargay
Abogado colaborador del Grupo Catalana Occidente