Reclamación patrimonial a la Administración

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Presentar una reclamación patrimonial a la Administración

El derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños sufridos a consecuencia de la actuación de la Administración, es un principio proclamado por nuestra Constitución, concretamente en su artículo 106.2 y recogido por el artículo 139.1 y 2 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en el futuro LRJAP y PAC), cuando establece que:

 «1.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados, por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos

2.-En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

Es decir, que el derecho a ser indemnizados por la Administración se da siempre que se produzca un daño como consecuencia de su actuación -positiva o negativa, o sea por omisión en el cumplimiento de sus obligaciones- incluso aunque dicha actuación pudiere ser considerada como normal, o aún conveniente. Los únicos requisitos que exigen los preceptos comentados, en sus párrafos siguientes, son que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Ciertamente, existen numerosos casos en los que se puede solicitar una indemnización a la Administración Pública; sin duda todos sabemos de personas que han sufrido caídas en la calle, por el mal estado de las aceras, o vehículos que han sufrido daños por el mal estado de la cazada de la vía (existencia de baches o carreteras mal asfaltadas sin la debida señalización, o presencia de ramas o rocas desprendidas). Además de otros supuestos, quizás más complejos en el tema de la prueba, como errores médicos en hospitales públicos o el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Antes de acudir a la vía judicial, debemos señalar que es preciso efectuar una reclamación previa administrativa (que puede redactar directamente el administrado o ciudadano perjudicado, sin la intervención de un abogado). Esto se debe a que se exige obligatoriamente agotar una vía administrativa previa, y solo si esta fracasa, podemos recabar la tutela judicial.

El procedimiento para reclamar a la administración se encuentra regulado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (en adelante RRP) y estas son sus principales características:

Plazo de presentación

El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (artículo 4.2 RPP).

Contenido del escrito

 El escrito debe cumplir, en primer lugar, todos los requisitos establecidos en el artículo 70 de la LRJAP y PAC, esto es:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Lugar y fecha.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

 Además de estos requisitos de carácter general: “En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad (nexo causal) entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante” (artículo 6.1 RRP).

En el caso de caídas en las aceras en los que se produzcan lesiones físicas, se debe aplicar, para valorarlas, el Baremo aprobado para supuestos de accidentes de tráfico, que se aplican por analogía para toda clase de reclamación por daños corporales. Para el año 2016 se encuentra recogido en  la Ley 35/2015, del 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Plazo para resolver

La administración tiene un plazo de seis meses para resolver, conforme lo establecido por el artículo 9.3 del RRP, aunque la administración puede ampliar el plazo en determinados supuestos. Si no ha dictado resolución en ese plazo se entiende que te ha denegado la reclamación (acto presunto) y a partir de ese instante el ciudadano o ciudadana ya tiene abierta la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial judicialmente por la vía Contencioso administrativa, en la que ya sí es preciso ir asistido por un abogado.

El mencionado artículo dispone que: “3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba, de conformidad con el artículo 9 de este Reglamento, sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular”.

 

Juan Carlos Arregui