¿Puede el propietario recuperar la vivienda alquilada por necesitarla para sí en cualquier momento?



Ocurre con relativa frecuencia que por vicisitudes de la vida, el propietario de una vivienda alquilada se encuentra en la necesidad de recuperar la misma. Pensemos, por ejemplo, en un divorcio, separación o en una segunda residencia de la que pudieran hacer uso los hijos desplazados por razón de estudios o trabajo. Esta cuestión entra en conflicto con los razonables intereses del inquilino, quien es lógico que desee cierta estabilidad en el disfrute y duración de la que es su vivienda habitual.

Es por ello que existe un régimen de prórrogas forzosas al que actualmente se someten los contratos de arrendamiento de forma imperativa y que aparece regulado en los artículos 9 y 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos según su actual redacción desde el año 2013.

En primer lugar, debemos indicar que la duración del arrendamiento será la libremente pactada por las partes.  No obstante lo anterior, si la duración convenida fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

Por lo tanto, sentado lo anterior, durante este plazo inicial de tres años de obligatorio respeto por el propietario, en el supuesto de que este tenga necesidad de ocupar la vivienda, es necesario ante todo que haya transcurrido el primer año del mismo.

Por otro lado, se precisa dar un preaviso de dos meses al arrendatario y justificar la causa por la que se necesita dicha vivienda. Este es el plazo máximo, a su vez, que el inquilino tiene para entregar la posesión de la vivienda.

Los beneficiarios de esta posibilidad legalmente contemplada son, además del propietario de la vivienda como tal, sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción así como también su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

A fin de evitar el uso de este recurso en fraude de ley (por ejemplo, para alquilarla más cara por variación de las  circunstancias del mercado) la Ley prevé un sistema punitivo: Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido las personas antes reseñadas a ocupar ésta, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta tres años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.

Alejandro Martínez Vivancos.

Abogado.

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