LAS PLAYAS, DE TODOS



img class=»alignleft size-medium wp-image-1193″ alt=»playas_de_todos_depsa_proteccion_juridica» src=»/wp-content/uploads/2012/12/playas_de_todos_depsa_proteccion_juridica.jpg?w=300″ width=»300″ height=»200″ />La calificación como espacio público tanto del mar como de las playas (técnicamente se le llama dominio público marítimo-terrestre) aparece recogida en la propia Constitución Española de 1978 y se desarrolla en la actualmente vigente Ley 22/1988 (Ley de Costas).

Dicha Ley es de aplicación uniforme para todo el territorio nacional, sin diferencias por comunidades, y supone que toda la costa debe ser destinada a uso público y titularidad estatal de tal forma que cualquier limitación o exclusión como uso público ha de ser una excepción debidamente justificada.

La normativa tiene varias finalidades. Una de ellas es la protección de la costa, y establece una serie de prohibiciones como las de levantar construcciones, vallas, cercados, instalar publicidad, verter basura o residuos, etc… Por otro lado, establece una servidumbre de paso que facilite el transitar de las personas a lo largo de toda la costa, así como para vehículos de emergencia. También establece unas servidumbres de acceso al mar, esto es, unos puntos de acceso que no deben distar de sí más de 200 metros para accesos peatonales y 500 para los vehículos.

El principal problema que se plantea son aquellas construcciones preexistentes a la actual normativa y que de un modo u otro, tras el deslinde, chocan con lo previsto en ésta. Se preveía en la Ley del año 88  la posibilidad de disfrute por un periodo de 30 años prorrogables otros 30, para que la Ley no fuese tildada de confiscatoria, aunque sin compensaciones económicas. El actual Anteproyecto de Ley que se está debatiendo prevé la posibilidad de prorrogar otros 75 años el disfrute de las construcciones y además deja fuera del dominio público a diez núcleos de población, como por ejemplo Empuriabrava (Girona) o El Palo (Málaga) que seguirán siendo propiedad privada.

Alejandro Martínez Vivancos
Abogado colaborador del Grupo Catalana Occidente