¿ME PUEDEN COBRAR MAS POR PAGAR CON TARJETA?



pagar-con-tarjeta-depsa-proteccion-juridicaEl pasado 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto- Ley 8/2014, de 4 de julio, en el marco de las medidas de impulso a la actividad económica. Entre ellas, se  regulan algunas dirigidas a fomentar el comercio minorista y la unidad de mercado.

A los efectos que nos ocupan, ya en el preámbulo de la norma se establece que «las tarjetas de crédito y débito constituyen uno de los instrumentos de pago que han adquirido mayor relevancia en los últimos años, con más de setenta millones de unidades en circulación emitidas en España y un volumen anual de transacciones cercano a los cien mil millones de euros. Son, sin lugar a dudas, el instrumento de pago electrónico utilizado con más frecuencia en las compras minoristas. De modo que el correcto funcionamiento de este mercado de pagos no solo ha de resultar claramente beneficioso para minoristas y consumidores, sino que siempre que el uso de los sistemas de pago se sitúe en un nivel económicamente eficiente, se fomentará la innovación en el sector y las mejores condiciones para la formación y transparencia de precios.»

Como desarrollo de lo anterior,  la norma limita las llamadas «tasas de intercambio», esto es, toda comisión o retribución pagada, directa o indirectamente, por cada operación efectuada entre los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario que intervengan en una operación de pago mediante tarjeta. Y lo que es más importante, el artículo 12 prohibe de forma expresa la repercusión de los gastos al ordenante cuando indica literalmente que los beneficiarios de las operaciones de pago en las que las tasas de intercambio han quedado limitadas de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, no podrán exigir al ordenante el pago de gastos o cuotas adicionales por la utilización de la tarjeta de débito o de crédito.

A efectos prácticos, ello supone que la política comercial de algunos establecimientos, y sobre todo de compras on-line, ha devenido ilegal desde el pasado 1 de septiembre, por lo que es posible hacer valer nuestros derechos como consumidor ante los organismos administrativos competentes.

Alejandro Martínez Vivancos
Abogado colaborador del Grupo Catalana Occidente