La obligatoriedad de instalación de ascensor a instancia de un solo propietario

Dos ascensores de lado, uno con las puertas cerradas y el otro con las puertas abiertas

La cuestión de la instalación de ascensor en las comunidades de propietarios es uno de los principales motivos de conflicto entre vecinos, principalmente por el elevado coste que deben sufragar los propietarios, y el distinto grado de utilidad que estos pueden obtener de este servicio, por lo que llegar al acuerdo necesario para su instalación puede ser complicado. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, existen supuestos concretos en los que un único propietario puede forzar la instalación del ascensor.

En primer lugar debemos recordar que, para aprobar el acuerdo por el que se decide instalar un ascensor basta la mayoría de los propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas. En este caso, en tanto que acuerdo de la junta, todos los propietarios quedarán vinculados a él, debiendo pagar cada propietario la totalidad del coste de la instalación que le corresponda por cuota de participación.

Por otro lado, el artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal dispone que “Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios (…) las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.”

Por tanto, como vemos en este artículo, no se requerirá acuerdo de la junta para la instalación cuando ésta sea solicitada por:

  • Un propietario con discapacidad o mayor de 70 años
  • El propietario de una vivienda o local en el que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años.

No obstante, esta obligatoriedad tiene una limitación, ya que, en este caso, los propietarios sólo estarán obligados al pago de la cantidad que les correspondería por cuota de participación, hasta el límite de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, debiendo sufragar el propietario solicitante el resto del coste de la instalación.

 

Albert Garcia
Abogado