NUEVA LEY DE AGILIZACION PROCESAL



El día 1 del próximo mes de noviembre (20 días después de su publicación en el BOE, que tuvo lugar el pasado 11 de octubre), entrará en vigor una nueva Ley de Medidas de Agilización Procesal, que afectará en algunos puntos concretos, la normativa existente actualmente en los procedimientos judiciales que se inicien a partir de su vigencia.

Las novedades básicas de esta nueva ley, ya aprobada por el Congreso de los Diputados, serán las siguientes:

  • En cuanto a los procedimientos MONITORIOS, se suprime la tasa para interponer demandas o recursos, que deben pagar las empresas de mediana importancia, en los juicios de cuantía inferior a 3.000 €, fijándose una tasa única para el resto de los monitorios, de 50 €.
  • Asimismo, en los monitorios, se suprime el límite cuantitativo, pudiendo instarse este procedimiento -solo en los casos en que la ley lo permite- en reclamación de cualquier cuantía, por elevada que esta sea.
  • Se establece también la posibilidad del procedimiento monitorio para los supuestos de impago de rentas, en los contratos de arrendamiento, lo que implica que si el arrendatario, al notificarle la demanda, no desaloja el piso y/ó paga el alquiler debido hasta la fecha, se pasará directamente al “lanzamiento”, en una fecha que ya habrá sido comunicada con la demanda, y sin celebración de juicio. Pudiendo el propietario instar la ejecución -embargo de bienes en su caso- por el importe de los alquileres.
  • En cuanto a las COSTAS, se incluirá en las mismas el importe de la tasa judicial, dado que esta es necesaria, en el caso de las empresas, para poder demandar.
  • En cuanto a los RECURSOS, no podrán recurrirse las Sentencias dictadas en demandas verbales, inferiores a 3.000,- €. Y por consiguiente, estos procedimientos de cuantía inferior a esa cifra, al igual que en el caso de las demandas contencioso-administrativas, tendrán una única instancia procesal, no pudiendo acudirse a una segunda instancia que revise las Sentencias que se dicten.
  • En los recursos contra Sentencias estimatorias derivadas de accidentes de tráfico y/ó de deudas de comunidades de vecinos y/ó de deshaucios por falta de pago de alquiler, para poder presentarlos deberá el demandado depositar el principal a que ha sido condenado (o los alquileres debidos) más los intereses a fecha del recurso.
  • No cabrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para los asuntos cuya cuantía sea inferior a los 600.000,- €. Salvo en los supuestos en que “por razón de la materia” aunque no se llegue a esa cantidad, tengan un “interés casacional”.
  • Se suprime la “preparación” de los recursos. Es decir, cuando sea posible presentar legalmente el recurso de apelación, deberá este interponerse, fundamentadamente, de manera directa, sin la posibilidad que existía hasta la fecha, de decir primero que “se iba a interponer el recurso”, de manera que se abría un primer plazo, para poder decidir si finalmente se recurría o no. Con ello, ese plazo ya no existe, reduciéndose sistemáticamente esa posibilidad de “pensarse el recurso”. Ahora “o se recurre del todo, o no se recurre”. Estableciéndose un plazo de presentación, general, de 20 días, desde la notificación de la Sentencia, para poder recurrirla “completamente”, por así decirlo.
  • En los juicios EJECUTIVOS, se introducen como causas de oposición, la caducidad de la acción ejecutiva, o cualquier pacto o transacción que se hubiese firmado en documento público, para evitar precisamente la ejecución.
  • Se establecen una serie de cambios asimismo, en los tramites procesales de las tercerías de dominio, subastas y adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles embargados al demandado, y alzamiento de las medidas cautelares en supuestos de Sentencia absolutoria para este último, cuando esta todavía no es firme.
  • En el ámbito del PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, para los supuestos de primera o única instancia procesal, se establece un sistema de imposición de COSTAS, semejante al del procedimiento civil, es decir, que salvo que el tribunal entienda que concurren circunstancias que justifiquen su no imposición, siempre deberán imponerse al litigante vencido.
  • También en este procedimiento contencioso, cuando la resolución que se recurre o reclamación que se realiza, es contra un órgano de la Administración central del estado, podrá interponerse la demanda en el juzgado o tribunal donde el demandante tenga su domicilio.
  • Asimismo, en el proceso PENAL, y por lo que se refiere al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, con objeto de adecuar el procedimiento a la reciente reforma del Código Penal (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio) en este punto, se modifican varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para regular la intervención de una empresa, en calidad de imputada en un juicio penal, fundamentalmente en lo relativo a su derecho de defensa, el domicilio a efectos de citación, el instituto de la conformidad a través del representante especialmente designado a tal efecto, y su declaración de rebeldía en caso de no haberse presentado a la primera citación de comparecencia ante el Juzgado de Instrucción. Caso de que no se nombre un concreto representante, el procedimiento penal podrá continuar, incluso con la celebración del juicio, con la única asistencia del abogado, particularmente nombrado o de oficio, que defenderá a la empresa como imputada

Leandro Marco Florensa