Los límites de los pagos en efectivo



Con el objeto de adecuar la normativa financiera a la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude y la prevención del blanqueo de capitales se limita el pago en efectivo  respecto de determinadas operaciones.

Ámbito de aplicación.- El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre,  establece que NO podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

En términos generales, la prohibición de pagos en efectivo, como medida de prevención del fraude fiscal, solo existe cuando en la operación interviene un empresario/profesional y afecta a la totalidad de la actividad económica, a cualquier operación de la que deriven cobros y pagos, por cualquier concepto y respecto de toda clase de bienes y servicios, sin excepciones. Ahora bien, para que se aplique la limitación uno de los dos intervinientes en la operación, pagador o receptor del dinero, deber tener la condición de empresario o profesional.

En consecuencia, y a “sensu contrario”, cuando ambos intervinientes en la operación lo hagan en calidad de particulares No existe limitación alguna para el pago en efectivo. De hecho, la Ley expresamente excluye los ingresos realizados en las entidades de crédito y los reintegros efectuados en los mismos. En general, los pagos y cobros realizados en entidades de crédito.

Medios de pago limitados:  Se entiende por efectivo los medios de pagos establecidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, esto es:

  1. El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  2. Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  3. Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Naturalmente, si en una operación se utiliza más de un medio de pago en efectivo –por ejemplo, metálico y cheque bancario al portador- se suman las cuantías de ambos medios para el cómputo de la limitación o franquicia.

Cuantía de la limitación.- Como se ha indicado anteriormente, queda prohibido el pago en efectivo, dentro de su ámbito de aplicación, por un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que NO tiene su domicilio fiscal en España y NO actúe en calidad de empresario o profesional.

A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. La limitación al pago en efectivo comprende cualquier concepto derivado de la operación, esto es, se suma el precio o valor  y el IVA. Es decir, suman todos los importes pagados en efectivo por la operación.

 Sanciones en caso de incumplimiento.- El incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo mencionadas es constitutivo de infracción administrativa y tendrá la consideración de grave.

Responsables: Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación indicada. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Administración podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de uno u otro de los supuestos anteriormente mencionados.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción.

Esta acción no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

Prescripción.- La infracción mencionada prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

La sanción derivada de la comisión de la infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Juan Carlos Arregui Laborda.

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