La diligencia de registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información



La regulación de la diligencia de registro de dispositivos de almacenamiento masivo se incorporó a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la reforma de 2015, y se encuentra incardinada en los artículos 588 sexies.a al 588 sexies.c LECrim.

El primero de estos artículos contempla esta diligencia en el ámbito del registro domiciliario. La Ley permite la aprehensión de estos dispositivos durante el registro, pero no el acceso a la información que contienen (art. 588 sexies.a.2 LECrim). Para ello, se requiere que el juez instructor extienda, previa solicitud de la policía, una nueva resolución autorizando el acceso a los datos contenidos en los dispositivos, o bien lo prevea en el auto que autoriza la entrada y registro, motivando siempre las razones que justifiquen esta injerencia en la intimidad del usuario (art. 588 sexies.a.1 LECrim). Asimismo, dicha resolución deberá fijar también “los términos y el alcance del registro y podrá autorizar la realización de copias de los datos informáticos” (art. 588 sexies.c.1 LECrim), así como las medidas que deban adoptarse para garantizar la integridad y preservación de los datos para la práctica de un posterior dictamen pericial.

En tanto que el derecho fundamental afectado es el de la intimidad, el titular de dicho derecho puede autorizar válidamente su afectación, siempre que este consentimiento se preste con las debidas garantías. Esto significa que si la persona a la que afecta la medida se encuentra detenida, o los funcionarios policiales conocen que la detención se va a producir de forma inmediata, dicho consentimiento deberá ser prestado en presencia de abogado (STS 97/2015, de 24 de febrero). En cambio, no será preceptiva la presencia del LAJ, dado que al no tener éste conocimientos técnicos de informática, su presencia sería inútil (STS 342/2013, de 17 de abril).

Además, los encargados de realizar el registro podrán ordenar a quien conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas de protección, que facilite esta información, quedando excluidos sólo los que estén exentos de testificar por razón de parentesco o secreto profesional (art. 588 sexies.c.5).

Por otro lado, cuando los encargados de realizar el registro de los dispositivos tengan motivos fundados para creer que los datos objeto de la diligencia se encuentran en otro sistema informático podrán, previa autorización del Juez, ampliar el registro hasta él, salvo en caso de urgencia, en cuyo caso dicha autorización podrá ser obtenida posteriormente en el plazo máximo de 72 horas (art. 588 sexies.c.3 LECrim). También se permite el acceso sin autorización judicial a los datos cuando se aprecie un interés constitucional legítimo, debiendo comunicarlo al Juez en las 24 horas siguientes mediante escrito motivado (art. 588 sexies.c.4 LECrim).

Por último, se dispone que, a menos que los dispositivos constituyan el objeto del delito, o se justifique por otro motivo, se evitará su incautación si ésta pudiera perjudicar gravemente al titular, siempre que se pueda obtener una copia que garantice la autenticidad y la integridad de los datos (art. 588 sexies.c.2 LECrim).

Fdo. Albert García Ropero

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