LA AUDIENCIA NACIONAL HA DESESTIMADO LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA EL ESTADO Y A AENA POR EL BLOQUEO DEL TRÁFICO AÉREO DEL 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2010



La demanda la presentó un viajero que resultó perjudicado por el abandono total del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos los días 3 y 4 de diciembre de 2010. El recurrente solicitaba 5.522.53 euros en concepto de daños y perjuicios provocados por el cierre del espacio aéreo español.
Para poder exigir una responsabilidad patrimonial a la Administración deben concurrir una serie de requisitos:
a) Acreditar que un daño se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.
b) Que el que sufre el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo
c) Que exista una relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido
d) Y la total ausencia de fuerza mayor

Es, en este último requisito, en el que se basa el Magistrado de la Audiencia Nacional para eximir de cualquier responsabilidad a AENA y al Estado.

La sentencia, dictada el 9 de noviembre, establece que la paralización del tráfico aéreo provocada por los controladores fue una medida excepcional y sin ningún precedente en la vida laboral de nuestro país, por lo que no existió imprevisión por parte de AENA.
El Magistrado hace hincapié en que los hechos que motivaron las pérdidas patrimoniales que reclama el demandante resultaban del todo impredecibles, ya que resultaba impredecible que en la misma fecha y en la misma hora la práctica totalidad de un colectivo de trabajadores abandonaran el servicio que debían prestar, por tanto, concurrieron circunstancias de fuerza mayor, ajenas al ámbito de decisión de AENA y extrañas a cualquier nota de habitualidad o previsibilidad que pueda surgir en el ordinario devenir de una actividad como la que presta dicho organismo.
Concluye la sentencia que AENA, no puede ser responsable de los daños y perjuicios causados por sus empleados cuando éstos han actuado, aunque sea con ocasión de una problemática derivada de su actividad laboral, absolutamente al margen de dicha actividad laboral, y de cualquiera de los cauces habilitados para solventar cualquier tipo de desencuentro profesional. Ante cualquier conflicto laboral, existen medidas que se pueden adoptar por sus trabajadores, y que pueden ser más o menos previsibles, ahora bien, la adopción coordinada de una medida de abandono general de puestos de trabajo, y la subsiguiente paralización de un servicio público resulta absolutamente imprevisible en su radicalidad, por consiguiente no se dan los requisitos para la exigencia de responsabilidad patrimonial que avanzábamos al principio.

Por otro lado, todavía queda por resolver la causa penal abierta por un colectivo de afectados contra la junta directiva del sindicato de controladores aéreos (USCA), por un presunto delito del artículo 409 del Código Penal, que castiga «a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público» o de aquellos que, aún sin asumir un papel de liderazgo, «tomaren parte en el abandono colectivo”; causa penal en la que consta imputada AENA como responsable civil subsidiaria. De todas formas, veremos si la referida sentencia de la Audiencia Nacional, que ha desestimado la demanda contra AENA y el Estado, influirá en el procedimiento penal, estableciendo una presunta responsabilidad civil única y exclusiva de los controladores aéreos.

Ignacio Mas Bargay