LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (las famosas ILP)



iniciativa_legislativa_popular_ilp_depsa_proteccion_juridicaLa Iniciativa Legislativa Popular parece renacer estos últimos días. Los medios de comunicación se han hecho eco de dos Iniciativas que se debatieron en  el Congreso el pasado mes de febrero:

– la de Regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural. Los representantes de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña entregaron 590.0000 firmas.
– Y la que está teniendo más impacto social, que es la Regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que entregó más de 1,4 millones de firmas.

Pero, ¿Qué es la Iniciativa Legislativa Popular?, ¿Cómo se regula?

Tiene su amparo en el artículo 87.3 de la Constitución, y se desarrolló en la Ley Orgánica 3/1984, del 26 de marzo.

En dicha Ley se establecen las materias que están excluidas de la iniciativa legislativa popular:

– Las que son propias de leyes Orgánicas.
– Las de naturaleza tributaria.
– Las de carácter internacional.
– Las referentes a la prerrogativa de gracia.
– Y las mencionadas en los artículos 131 y 134 de la C.E. (Planificación de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado)

La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas por las firmas autentificadas de, al menos, 500.000 electores.

El escrito de presentación deberá contener:

– El texto articulado de la proposición de Ley, precedido de una exposición de motivos.
– La relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de la iniciativa, con expresión de sus datos personales.

El procedimiento se inicia mediante su presentación ante la Mesa del Congreso, que examinará la documentación remitida y se pronunciará en el plazo de quince días sobre su admisibilidad. Contra la decisión de no admitir la proposición de Ley, la Comisión Promotora podrá interponer ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo

Admitida la proposición, se comunicará a la Junta Electoral Central, que garantizará la regularidad del procedimiento de recogida de firmas, y notificará a la Comisión Promotora su admisión. Los promotores  tendrán un plazo de 9 meses para su recogida.

En las firmas deberá constar nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y municipio en cuyas listas electorales se halle inscrito el firmante. Los pliegos que contengan las firmas recogidas serán enviados a la Junta Electoral Central, quien los remitirá a la Oficina del Censo Electoral, para que acredite que están inscritos en el Censo Electoral. Tras su recuento, en el plazo de quince días, remitirá a la Junta Electoral Central certificación de todo ello.

Recibida la notificación que acredite haberse reunido el número de firmas exigido, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la Proposición, que deberá ser incluida en el orden del día del Pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración.

A modo de ejemplo diremos que la ILP de Dación en Pago consiguió en el mes de febrero salvar la primera barrera en el Congreso, que era su admisión a trámite, ahora sólo resta que se fije fecha para su debate en las Cortes y, lo más probable, es que se introduzcan modificaciones en su contenido.

Ignasi Mas Bargay
Abogado colaborador del Grupo Catalana Occidente