FORMAS JURIDICAS DE LOS EMPRESARIOS (II). SOCIEDADES MERCANTILES



Cuando varias personas deciden poner en común un capital o una serie de medios para explotar un negocio, se recurre a la forma jurídica de una sociedad, bien sea civil privada, de responsabilidad limitada o anónima.

La sociedad civil privada no requiere de una inversión mínima y supone la puesta en común por parte de sus socios de un capital o medios, y el beneficio o pérdida que genere la referida sociedad se integra en la base imponible de los diferentes socios en función de su participación en la sociedad. Estos responden directa y personalmente por las deudas de la empresa.

Las sociedades más conocidas son las de responsabilidad limitada y las anónimas. En ellas los socios aportan un capital mínimo de 3.000 euros para una SL y de 60,000 euros para una Sociedad Anónima, dividido en participaciones o acciones, respectivamente y se limita la responsabilidad de los socios a sus dichas aportaciones. Contable y fiscalmente, tienen unos requisitos y obligaciones a cumplir, pero en términos generales y sin entrar en pormenores, podemos decir que tienen obligación de tributar por Impuesto de Sociedades (IS) con un tipo impositivo del 25% sobre el beneficio empresarial.

Existen otras sociedades cómo son las cooperativas y los diferentes subtipos de sociedades limitadas y anónimas, como por ejemplo las laborales, con sus correspondientes requisitos y especialidades.

Para constituir una sociedad los requisitos básicos son disponer de un certificado de denominación social reservado a nombre de uno de los socios, el cual se gestiona a través del Registro Mercantil Central, haber ingresado el capital social en una cuenta provisional (una vez constituida, el mismo se puede recuperar para operar con éste) y constituir la misma formalmente ante Notario, con los correspondientes gastos que ello supone. Se deben acompañar unos estatutos, que son la norma interna que rige el funcionamiento de la empresa. Una vez se dispone de la escritura de constitución, se obtiene el CIF ante la A.E.A.T. (delegación de Hacienda) y ante ese mismo organismo se presenta también la declaración censal de inicio de actividad, en la cual se pone de manifiesto el régimen fiscal por el que se ha optado así como aquellas obligaciones que se asumen (retenciones, impuestos periódicos o especiales, etc…) A continuación ya podemos inscribir la sociedad en el Registro Mercantil y tras gestionar el  alta en Seguridad Social para poder contratar trabajadores, iniciar la actividad.

Alejandro Martínez Vivancos
Abogado colaborador del Grupo Catalana Occidente