El nuevo desahucio exprés de viviendas ocupadas



Ha sido aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley 122/000213 de “garantía de la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas”. Queda pendiente su aprobación por el Senado para su entrada en vigor, algo que parece seguro dada la mayoría que la respalda.

La finalidad que persigue la futura Ley es proteger de forma efectiva a los propietarios (o usufructuarios) frente a la ocupación ilegal de inmuebles.

También se tutela  la seguridad y la convivencia ciudadanas perjudicadas por la ocupación ilegal.

La futura Ley modifica el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal estableciendo un procedimiento de cesación de las actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca, que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas o, en particular, que resulten de la ocupación ilegal del piso o local cuando afecten a la seguridad y a la convivencia con el resto de los propietarios o inquilinos.

El legitimado para iniciar la tramitación del procedimiento de cesación es el Presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los copropietarios y previa autorización de la Junta.  La Ley prevé que la Junta de propietarios puede ceder el uso de la acción de cesación al Ayuntamiento.

También se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, atribuyendo al procedimiento verbal el cauce para la tramitación de las acciones   que “pretendan el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario, por haber sido desposeído de ella sin su consentimiento”

Por lo tanto, quien podrá accionar serán las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.  Quedan por lo tanto sin posibilidad de acogerse a lo previsto en la futura Ley las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, lo que posibilitaba  que entidades financieras o fondos buitre pudieran beneficiarse del procedimiento “exprés

Dado que en las situaciones de ocupación ilegal de inmuebles resulta sumamente difícil determinar la identidad de quien o quienes  están ocupando, se introduce una modificación en el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá articular demanda sin que resulte necesaria la consignación de los datos y circunstancias de identificación del demandado, cuando resultase imposible o de extraordinaria dificultad.

La celeridad en la recuperación de la posesión de la finca ocupada está legalmente garantizada, puesto que la futura Ley dispone que  junto con el traslado de la demanda para su contestación el Tribunal acordará mediante Auto, la entrega de la posesión inmediata al demandante que así lo solicite y aporte título que acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de ella, sin exigir caución ni concurrencia de peligro por la mora procesal.

Tanto el demandado como los ocupantes de la vivienda podrán oponerse al Auto que acuerde el lanzamiento en el plazo de 10 días, sin que tal oposición suspenda la efectividad de la medida.

El legislador otorga verdadera naturaleza ejecutiva a este procedimiento al no dotar de efecto de cosa juzgada a las sentencias que recaigan en estos procedimiento, pudiendo los afectados acudir a un procedimiento declarativo posterior.

 

Carlos Gracian Fajarne
Abogado