CONTRIBUCIÓN A LOS GASTOS DE LA VIVIENDA CONYUGAL TRAS UN PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO



En la actualidad, y dada la coyuntura económica por la que se atraviesa, es frecuente que en los procedimientos de divorcio no se extinga el condominio de los bienes de la pareja sino que se mantenga la propiedad común de los mismos. Surgen, entonces, los problemas relativos a la forma de contribución en los gastos que generan, entre otros, las viviendas comunes.

Por lo general, y pese a no extinguirse el condominio, la Sentencia de divorcio sí se pronuncia sobre la atribución del uso y disfrute de la vivienda común. Lo que no suele concretar es la contribución que a dichos gastos deben realizar los ex cónyuges.

Respecto a los gastos de uso de la vivienda familiar, los relativos a suministros (luz, agua, gas, teléfono, etc) no suele haber duda sobre que los mismos deben ser soportados de forma exclusiva por el cónyuge al que se le ha atribuido judicialmente el uso y disfrute de la vivienda sin posibilidad de repercutir en el otro cónyuge propietario y no usuario dichos gastos.

Los gastos relativos a la propiedad de la vivienda podemos dividirlos en tres:

Hipoteca: si la vivienda es propiedad de ambos cónyuges, el pago de la hipoteca será en proporción a la cuota que se posea del inmueble; si la propiedad es al 50%, se contribuirá al pago de la hipoteca en un 50%, ello con independencia de la atribución del uso de la vivienda que pueda hacer la Sentencia de divorcio.

Cuotas de la comunidad de propietarios: debe distinguirse si se trata de cuotas ordinarias o extraordinarias. Las cuotas ordinarias deberán ser afrontadas por el cónyuge al que se le haya atribuido el uso de la vivienda familiar en tanto que se consideran como gastos de mantenimiento y uso de la vivienda, sin embargo, las cuotas extraordinarias deberán ser afrontadas por los propietarios de la vivienda, o sea, por ambos cónyuges, incluido el cónyuge que no disfrute del uso del inmueble dado que se consideran gastos de propiedad.

Impuestos: básicamente el IBI, el criterio mayoritario es que sea abonado por los propietarios en función a la proporción de propiedad que tengan de la vivienda. Sin embargo, hay comunidades como Cataluña que ya ha regulado específicamente la cuestión y ha hecho recaer sobre el cónyuge usuario del inmueble el pago de los tributos y las tasas cuyo pago corresponda anualmente.

Irene Navarrete Fombella
Abogada colaborador del Grupo Catalana Occidente