El acceso generalizado por la práctica totalidad de la población a servicios de telecomunicaciones en sus diferentes sectores (telefonía fija, móvil, Internet…) ha supuesto una verdadera batalla entre operadoras con el fin de aumentar sus cuotas de mercado. Por ello, se ofertan cada vez más una serie de servicios y productos tendentes a la captación de nuevos clientes así como a la fidelización de los existentes, ofertando tarifas a priori muy competitivas o la entrega de terminales de telefonía a precios irrisorios o incluso sin coste alguno.
A ello debemos añadir que el sistema de contratación es muchas veces telefónico, sin un contrato físico que firmar tras su estudio pormenorizado, que el sistema de tarificación ofrece infinitas posibilidades adaptables a las necesidades del usuario que pueden inducir a confusión y que la finalidad de cualquier ventaja que se oferta siempre lo es para obtener una fidelización del cliente, que suele traducirse en una obligación de permanencia o alternativamente, penalizaciones en caso de incumplimiento.
Por todo lo anterior, los principios de información y transparencia que garantizan la protección del consumidor pueden resultar muchas veces mermados. Ante esta situación, además del acceso a los Juzgados y Tribunales ordinarios por parte del ciudadano, el propio gobierno central, consciente de la práctica diaria de dichas operadoras y a fin de salvaguardar los derechos del usuario, creó la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que al margen de ofrecer una extensa información sobre los mismos y la normativa de aplicación, se encarga de canalizar las reclamaciones y denuncias que se pueden presentar en sede administrativa (www.usuariosteleco.es)
Alejandro Martínez Vivancos