Ley

Aprobadas las medidas urgentes para la protección de los consumidores en materia de cláusula suelo

MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULA SUELO

El pasado 21 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en material de cláusula suelo.

El referido Real Decreto-Ley tiene por objeto establecer un procedimiento extrajudicial rápido y gratuito para canalizar las reclamaciones de los consumidores a las entidades bancarias en relación a las cláusulas suelo que puedan contener sus escrituras hipotecarias que los Bancos deberán implantar en el plazo de 1 mes. En este sentido, sólo se considerarán incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley las hipotecas con cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Los bancos deberán implantar un sistema de reclamación previa a cualquier procedimiento judicial que consistirá en informar a todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusulas suelo en sus hipotecas de dicha circunstancia.

Una vez informados, los consumidores podrán dirigir una reclamación previa al banco y solicitar el cálculo de las cantidades que deben devolverse por haberse cobrado de más, de manera desglosada junto a los intereses. Puede ser que el banco considere que la devolución no procede, por cualquier causa, en cuyo caso lo comunicará al consumidor dándose por concluido el procedimiento extrajudicial, pudiéndose dirigir el consumidor a la vía judicial.

Si el consumidor está de acuerdo con el cálculo, lo manifestará a la entidad bancaria cerrando acuerdo que deberá cumplirse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de presentación de la reclamación.

 

En cualquier caso, se entenderá que el procedimiento finaliza sin acuerdo siempre que:

  • El banco rechace la solicitud del consumidor
  • Si transcurren 3 meses sin que el consumidor reciba respuesta del Banco
  • Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo realizado con el Banco o lo rechaza
  • Si en el plazo de 3 meses el Banco no ha puesto a disposición del consumidor la cantidad ofrecida.

 

En los casos anteriores, y una vez transcurrido el plazo de 3 meses, el consumidor podrá acudir a la vía judicial a formular la reclamación contra el Banco.

Respecto al coste del procedimiento judicial, únicamente se impondrán las costas al Banco en caso que el Juzgado condene al Banco al pago de una cantidad superior a la ofrecida al consumidor en el procedimiento extrajudicial

El Real Decreto-Ley permite también la posibilidad de que el consumidor acuerde con el Banco cualquier medida compensatoria diferente a la devolución de los importes en efectivo.

Es importante tener en cuenta que la devolución de cantidades por parte del Banco o bien la adopción de cualquier medida compensatoria puede generarle obligaciones tributarias al haberse deducido en la declaración de la renta cantidades superiores a las que le hubiesen correspondido debiendo formularse por ello una declaración sustitutiva de los ejercicios que se vean afectados. El Real Decreto-Ley prevé expresamente que los Bancos facilitarán a la AEAT la información relativa a las devoluciones acordadas.

 

Irene Navarrete Fombella

Abogada

Vivienda

Las cláusulas suelo en las hipotecas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en su reciente sentencia de 21 de diciembre del 2016 en favor de la devolución de todo el dinero cobrado por las entidades bancarias a raíz de la inclusión de cláusulas suelo incluidas en los préstamos hipotecarios concertados con los consumidores.

Como es sabido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo del 2016, con fundamento al principio de seguridad jurídica, limitó la eficacia temporal de su sentencia en cuanto a la devolución de importes cobrados a raíz de las clausulas suelo y dispuso que ésta sólo surtiría efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de las clausulas suelo no afectaría a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo del 2013.

Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entendido que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una clausula suelo recogida en la Sentencia de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores, y no resulta compatible con el Derecho de la Unión. En consecuencia, y dado que los órganos jurisdiccionales están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, ha indicado que éstos deberán abstenerse de aplicar la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en sentencia de 9 de mayo del 2013.

A efectos de poder reclamar la devolución de los importes pagados de más por aplicación de las cláusulas suelo incorporadas en los préstamos hipotecarios concertados con consumidores, el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya fallado en dicho sentido no lleva aparejado que tras dicho fallo las entidades bancarias de forma automática estén obligadas a devolver el importe pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo.

Si bien es cierto que alguna entidad bancaria puede llevar a cabo la devolución de oficio, para el caso de aquellas entidades que defienden que la incorporación de este tipo de cláusulas en los préstamos hipotecarios es legal y se ha efectuado de forma transparente, será necesario que con carácter previo se declare la nulidad de la cláusula en cuestión por parte de los Tribunales de Justicia.

 

Carme Martorell

Vehiculo

¿Puedo dejar de pagar la letra de un coche que da constantes problemas? Los contratos de crédito vinculados.

Recientemente se ha dictado una interesante sentencia por parte del Tribunal Supremo que  establece que el adquirente de un vehículo, que presenta constantes problemas por tratarse de  una unidad defectuosa y que reiteradamente precisa ser llevado al taller para solventar los mismos, no vendrá formalmente obligado a seguir abonando las cuotas a la financiera. Esto se dará mientras se prolongue la situación, hasta que se ponga fin a la problemática con una reparación definitiva o se sustituya el vehículo por otro en las debidas condiciones.

Esta situación, que a priori podría parecer la lógica ante un simple incumplimiento contractual, ha presentado habitualmente problemas por ser práctica habitual que vendedor y financiera sean entidades con personalidad jurídica diferenciada y esta última viniese considerando que ha cumplido su obligación con la concesión del préstamo, debiendo quedar al margen de los problemas del bien adquirido o servicio recibido.

La resolución de referencia, de fecha 24 de noviembre, justifica la excepción que acabamos de explicar en base al artículo 29 de la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo, que regula los contratos de crédito vinculados. Es decir,  aquellos en los que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos y ambos contratos constituyen una unidad comercial, desde un punto de vista objetivo. Quedaría  al margen, por ejemplo, el préstamo personal que una persona puede solicitar para adquirir un vehículo a un particular.

El referido artículo, en su apartado tercero,  permite excepcionar directamente el pago a  la financiera siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • En primer lugar,  que los bienes o servicios, objeto del contrato, no hayan sido entregados en todo o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato.

  • Y por otro lado, que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho.

La situación que se recoge en la sentencia que hemos reseñado es habitual no sólo para la adquisición de bienes, sino que es práctica comercial habitual en muchas prestaciones de servicios, como por ejemplo, los tratamientos odontológicos, estéticos, etcétera, permitiendo a la Ley aplicar la misma solución jurídica.

Alejandro Martínez Vivancos

Abogado

 

Vivienda

Cuando el estado de copropiedad es un problema

La Ley parte de la base de que el estado ideal de las cosas es que cada bien inmueble  tenga un único propietario. La realidad cotidiana va justo en el sentido opuesto,  porque lo habitual es que los bienes inmuebles tengan más de un dueño. Como casos paradigmáticos tenemos el del matrimonio, que adquiere por mitades la vivienda habitual o el de quien hereda una parte alícuota de una finca.

El estado de copropiedad o de comunidad de bienes viene definido de modo muy claro y preciso en el artículo 392 del Código Civil: “hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece por indiviso a varias personas”.

En el régimen de copropiedad los partícipes deben contribuir al levantamiento de las cargas que genere el inmueble en idéntica proporción a su cuota de participación y lo mismo se predica de los beneficios que éste produzca (artículo 393 Código Civil).

Es precisamente el régimen de contribución o el de “disfrute de la propiedad” el que produce tensiones entre los diferentes copropietarios que conducen, en no pocas ocasiones, a situaciones ciertamente problemáticas.

La cuestión es: ¿Qué podemos hacer cuando no queremos continuar siendo copropietarios de un bien? La respuesta parece a priori  sencilla: vender nuestra parte al resto de co-propietarios o alternativamente adquirir la parte alícuota del resto de propietarios. Lo que sucede es que en ocasiones la relación entre los copropietarios está tan deteriorada que no resulta factible llegar a un acuerdo de compra o venta.  ¿Qué hacer en estos casos? La solución nos la brinda el artículo 400 del Código Civil que establece: “ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común”.  El citado artículo 400 contiene lo que se denomina acción de división de la cosa común o actio communi dividundo.

¿Cómo opera la división de la cosa común? Como bien indica su nombre lo que se pretende al ejercitar la acción es dividir físicamente el bien coparticipado.  Para que un bien pueda ser dividido las partes resultantes de la división tienen que ser funcionales y conservar sus características esenciales. Por ejemplo: un terreno rústico de cuatro hectáreas puede dividirse fácilmente en dos parcelas de dos hectáreas cada una o en cuatro si  fuere el caso y cada una de las partes resultantes tendrían objetivamente funcionalidad propia y podrían adjudicarse en pleno dominio a cada uno de los copropietarios.

No todos los bienes inmuebles pueden ser físicamente divididos. Pensemos por ejemplo en lo más común y corriente: un piso – vivienda.  Las dos (por ir a lo más sencillo) hipotéticas mitades que pudieran resultar de dividir un piso por la mitad no serían funcionales.

¿Qué se hace en estos supuestos?  Lo más simple, convertir el bien indivisible en un elemento fácilmente divisible.  Lo que la Ley establece en supuestos de indivisibilidad material del bien es sacarlo a pública subasta y repartir el dinero obtenido por la venta entre los ya expropietarios en idéntica proporción a su grado de participación en el bien.

En el escenario de la subasta cada copropietario  puede participar activamente  para intentar  adjudicarse el bien en su totalidad, con preferencia a igualdad de oferta sobre cualquier otro postor, dada su condición de propietario.

 

                                                                                              Carlos Gracián Fajarnés

                                                                                              Abogado

Ley

Revolucionaria Sentencia baja por maternidad impuesto IRPF

Durante el periodo que una trabajadora se halla en situación de baja por maternidad, es la Seguridad Social quien abona el sueldo de la misma, a través de la prestación de maternidad, que equivale a la base de cotización. Dicho importe obtenido, es considerado por la Agencia Tributaria como un “rendimiento del trabajo”, y por tanto, tributable en el IRPF.

 

La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado exenta del IRPF la prestación por maternidad de una contribuyente que pidió la devolución de las cantidades abonadas (3.135 €), que pagó por este impuesto. Ello obliga a la Agencia Tributaria a restituirle lo pagado por dicho concepto.

 

El Fallo de dicha Sentencia es revolucionario puesto que es firme, al tratarse de una resolución judicial que no es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, por la baja cuantía (3.135 €). No obstante, el efecto de dicha  Sentencia se ciñe al caso en concreto y no genera jurisprudencia, dado que no se trata de una resolución dictada por el Tribunal Supremo.

 

Si bien, no sienta jurisprudencia, la realidad es que abre la puerta a que se inicien procedimientos de reclamaciones individuales de las contribuyentes que han tenido un hijo después del 2012.

 

Para iniciar dicho procedimiento, cada contribuyente deberá presentar, ante la delegación de Agencia Tributaria que por domicilio le corresponda, una solicitud y rectificación y devolución de ingresos indebidos.

 

María Ferré Martínez

Abogada

Ley

El nuevo Reglamento europeo para la protección de datos

El pasado 25 de mayo de 2016, entró en vigor el Reglamento europeo para la protección de datos, que fue aprobado por el pleno del Parlamento de la Unión Europea, si bien no será de aplicación hasta 2 años después (esto es el 25 de mayo de 2018), fecha en que pasará a ser de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea.

Durante estos dos años, los Estados miembros y las organizaciones que tratan datos de carácter personal, tendrán que ir disponiendo lo necesario para adaptarse a las exigencias de este nuevo Reglamento Europeo.

En lo que se refiere a su aplicación en España, este Reglamento vendrá a sustituir la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su Reglamento (aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre), derogando también la vigente Directiva Europea 95/46/CE.

La de este nuevo Reglamento es:

-Por un lado, dotar a los ciudadanos de más poder de decisión y control sobre qué parte de su información privada y personal quieren compartir en internet (por ejemplo en redes sociales, compras online…) o con las empresas y demás operadores en el tráfico mercantil. Y ello porque la rápida evolución tecnológica y la globalización de estos últimos años ha propiciado que, muchas veces sin darse cuenta, las personas físicas difundan cada vez más información personal, a escala incluso mundial, perdiendo todo control sobre la misma (por ejemplo, en el caso de las llamadas “cookies publicitarias”, que almacenan información sobre los lugares que han visitado en internet para que terceros les ofrezcan publicidad que nunca han solicitado…).

-Por otro lado, unificar las dispares normativas actuales de cada país en materia de protección que podrían impedir la libre circulación de los datos de carácter personal y en consecuencia ser un obstáculo para el ejercicio de las actividades económicas a nivel de la Unión

Es decir que persigue lograr que en todos los países de la UE se proteja a las personas físicas de una misma manera y con unas mismas garantías, para que de ese modo, no quede restringida o prohibida la libre circulación de los datos de carácter personal por posibles “faltas de protección”, y se consiga así un equilibrio entre el buen funcionamiento del mercado interior y la protección efectiva de las personas físicas.

Se aplicará a los Responsables o encargados de ficheros en empresas establecidas en la Unión Europea (igual que se venía haciendo hasta ahora con la Ley 15/1999), y además se ampliará a responsables y encargados de ficheros en empresas no establecidas en la UE, siempre que tales empresas utilicen esos datos para ofertar bienes o servicios destinados a ciudadanos de la UE, o para monitorizar y/o hacer seguimiento de su comportamiento.

Principales novedades que pueden interesar más al ciudadano:

Consentimiento (artículo 7): Debe ser libre, informado, específico e inequívoco. Ya no se aceptará el consentimiento tácito como se viene haciendo hasta ahora. Además deberá ser verificable, de modo que el responsable del fichero pueda mostrar en caso de auditoría, que el ciudadano otorgó su consentimiento expreso. Se podrá revocar (o retirar) en cualquier momento y tan fácilmente como se otorga.

La edad mínima (artículo 8) para   que   los   menores   puedan   prestar consentimiento por sí mismos para tratamiento de sus datos en internet, redes sociales, etc., se fija en 16 años, si bien el Reglamento permite que cada país establezca una edad, que nunca podrá ser menor a 13 años (en el caso de España está fijada en 14 años. Por debajo de esa edad, son los padres o tutores legales del menor quienes deben prestar consentimiento en su nombre)

– Derecho al olvido (artículo 17): consistente en la facultad del  ciudadano de solicitar la inmediata supresión de sus datos personales del fichero donde obren incorporados, cuando ya no sean necesarios para el fin para el que se consintió (por ejemplo si nos damos de baja de un servicio), cuando revoque o retire el consentimiento prestado, cuando ejercite el derecho de oposición o cuando hayan sido tratados ilícitamente.

– Derecho a la portabilidad de los datos (artículo 20): consistente en la facultad del interesado de recibir del responsable del fichero una copia de los datos personales que le incumban en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a  transmitirlos  a  otro  responsable,  sin que  se le  pueda  Cuando sea posible, se trasmitirán los datos de responsable a responsable directamente.

– Ataques o violaciones de la seguridad (artículo 33 y 34): en caso  de producirse un ataque, por ejemplo de piratería informática, el responsable del fichero deberá comunicarlo inmediatamente o en plazo máximo de 72 horas, a la autoridad de control competente del país, informando de tipo de violación o ataque sufrido, número de personas afectadas y consecuencias del ataque. Si además se estima que entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas cuyos datos estaban incluidos en el fichero, deberá comunicárselo al interesado inmediatamente, informándole en lenguaje sencillo lo que ha sucedido y las consecuencias que puede

Indemnización por daños y perjuicios (artículo 82): el ciudadano que haya sufrido daños y perjuicios materiales o personales debido a la infracción de las normas contenidas en este Reglamento, tendrá derecho a ser

Por último, destacar que el Reglamento prevé elevadas sanciones económicas o multas (artículo 83) para aquellas empresas infractoras: 20.000.000 de euros o el 4% de la facturación global (si la infractora es una empresa), si es superior a esos 20.000.000 de

 

 

Patricia Díaz Gil
Abogada

Vivienda

Modificación en el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)

Hace ya algunos años, se puso hilo a la aguja al respecto de la problemática relativa a las condiciones abusivas halladas en algún tipo de hipoteca a tipo variable, en particular, las famosas “cláusulas suelo”. No tardaron los consumidores y las asociaciones de éstos en poner de manifiesto las “irregularidades” detectadas con su inclusión en los contratos hipotecarios, básicamente por la falta de transparencia en su comercialización.

Precisamente, en 2013, el Tribunal   Supremo zanjó la polémica dictando una Sentencia el 9 de mayo que, con sus matices, vino en declarar que aquellas eran abusivas y, por ende, nulas, añadiendo igualmente a los bancos la obligación de devolver los intereses cobrados de más desde el mes de mayo de aquel año. Actualmente, nos hallamos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie al respecto de la retroactividad en la obligación de devolver los intereses cobrados de más, siendo posible, de determinarlo aquel, que lo tengan que hacer desde la formalización del mismo contrato de hipoteca.

Pero también, desde hace algún tiempo, se ha puesto la lupa sobre otro tipo de referencia de los intereses bancarios para las hipotecas. Nos referimos al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Según el Banco de España, en nuestro país lo aplican aproximadamente un 11% de la hipotecas. Sin embargo, dicho índice, que en su momento se “vendió” como el más estable para los consumidores, comenzó a generar problemas al calcularse a través de una media de los datos aportados por las propias entidades (los tipos de interés y las comisiones) respecto a las hipotecas concedidas.

Para solucionar dichos problemas se publicó la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que eliminaba los índices IRPH Cajas e IRPH Bancos, debiendo aplicarse desde 2013 (al entrar en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al emprendedor) y cuando no exista otro alternativo pactado, el IRPH Entidades (tipo medio concedido por Cajas y Bancos).

Lo cierto es que el tipo de interés IRPH se halla actualmente muy por encima del Euribor (el índice que mayoritariamente se emplea para las hipotecas en España). Al igual que en el caso de los “suelos”, muchos Juzgados han declarado nulos aquellos contratos que, de forma poco “transparente”, se rigen a través del índice IRPH. Resulta pues conveniente, si se encuentran en este caso, que acudan a un especialista para que revise su contrato de hipoteca en busca de posibles “anomalías”.

Ley

LA LEGÍTIMA

Por legítima se entiende aquella parte de los bienes que el causante no puede disponer libremente en su testamento por que la propia ley la reserva a los denominados herederos forzosos. En el momento que se produce el óbito de una persona, los hijos y descendientes tienen derecho, por ley, a recibir dos tercios de la herencia. Esta distribución queda regulada en el Código Civil español (derecho común), que en su artículo 806 y siguientes regula esta figura.

Por tanto, la legítima se fija en dos terceras partes del haber hereditario, y en concreto un tercio se reparte por partes iguales entre los hijos, y el otro tercio, conocido como el de mejora, se puede distribuir libremente entre los descendientes, pudiendo excluir a unos, inclusive otorgándoselo todo a uno. Y por tanto el tercio restante es el que libremente podrá disponer el testador como mejor considere, conocido como el de libre disposición.

Esta regulación se aplica en la mayoría de Comunidades Autónomas si bien hay diferencias en cuanto al reparto de la legítima en función de la Comunidad Autónoma a la que uno pertenezca, estableciéndose los derechos forales. Estos otorgan al testador un mayor nivel de libertad a la hora de repartir sus bienes. Así, en Cataluña la legítima representa una cuarta parte de la masa hereditaria. En Aragón la mitad del caudal corresponde a hijos y descendientes, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. En Galicia también se destina una cuarta parte  a repartir por partes iguales. En el País Vasco la legítima se fija en un tercio y el resto se considera de libre disposición. Por último en Navarra que es la más flexible dado que, se otorga plena libertad al testador para dejar o no una parte de la herencia a los descendientes.

Para privar a un heredero de la legítima existe una serie de causas que están tasadas legalmente, aparte de que se requiere que esa sea la voluntad del testador y para ello así debe de haberlo hecho constar expresamente en el testamento. Las causas quedan recogidas en el Código Civil, libro III, título III, capítulo II artículo 848 y siguientes. Las Comunidades Autónomas que tengan su propio derecho foral deberán remitirse a su propia legislación. Por ejemplo, en el caso de Cataluña en el artículo 451-17, e) del Código Civil de Cataluña, establece que “el causante podrá privar a los legitimarios de su derecho a legítima si en la sucesión concurre alguna de las causas siguientes: la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario.

Más adelante volveremos a dedicar una publicación a las causas de desheredación.

Arantza Casaubón

Abogada.

Ley / Salud

¿En qué consiste una negligencia médica?

Una negligencia médica o mala praxis médica, puede definirse como aquella situación que se produce cuando el profesional que nos atiende en un hospital,  clínica o centro sanitario, tanto público como privado no actúa bien por acción u omisión,   con la diligencia exigida  por las prácticas que rigen su profesión, es decir, por la Lex Artis Médica. La Lex Artis conforma el conjunto de prácticas generales médicas aplicables a casos iguales o parecidos y basadas en una actuación realizada con el cuidado objetivamente debido,  y sin poner  a disposición del paciente los medios humanos, técnicos y científicos adecuados al caso concreto (siempre teniendo en cuenta el momento temporal y lugar en que se produce la asistencia médica), causando a resultas de todo ello un daño.

No entra dentro del ámbito de aplicación de la Lex Artis aquellas  situaciones imprevisibles y no conocidas o estudiadas por la ciencia médica.

Debe indicarse que no siempre toda asistencia o tratamiento médico  que nos causa un perjuicio o no consigue el resultado esperado puede definirse como una negligencia médica. Estaremos ante una negligencia médica, siempre y cuando se considere que los resultados son diferentes a los que la mayoría de profesionales hubiesen logrado bajo las mismas circunstancias.

 A tenor de lo expuesto si tras la atención médica recibida se ha producido un error que ha causado un daño por una actuación defectuosa o irregular,   bien por haberse llevado a término la misma de forma poco diligente o sin prever  el daño que se podía ocasionar,  el perjudicado sin duda alguna  tiene derecho a reclamar el daño sufrido. Para ello existen tres vías posibles en función del tipo de imprudencia, lo cual puede conllevar el ejercicio de una acción penal contra el facultativo,  o bien, y a tenor del centro médico en que se halla llevado a término el tratamiento médico, si es público ( vía contenciosa administrativa), y si es privado ( vía civil).

Para poder interponer una reclamación  por mala práctica médica con ciertas garantías de éxito, es decir, que se compense a la persona afectada por el daño sufrido, es imprescindible disponer de la documentación médica del paciente o persona afectada además de contar con un informe pericial médico, que demuestre en sus conclusiones la relación entre el hecho causal y el daño producido.

Con dicha documentación el profesional designado (abogado) ya estará,  tras estudiar, valorar y cuantificar el daño, en disponibilidad de ejercitar las acciones legales que correspondan en el plazo que en función de lo acontecido y donde haya acontecido corresponda. Esto se debe a que los plazos para el ejercicio de la acción pueden variar, siendo conveniente por ello someter a estudio de un profesional de forma inmediata en cuanto se tenga conocimiento de algún tipo de irregularidad que pueda conllevar una negligencia médica.

 

Moisés Bejarano González.

Abogado.

Reclamación

Reclamación patrimonial a la Administración

Presentar una reclamación patrimonial a la Administración

El derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños sufridos a consecuencia de la actuación de la Administración, es un principio proclamado por nuestra Constitución, concretamente en su artículo 106.2 y recogido por el artículo 139.1 y 2 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en el futuro LRJAP y PAC), cuando establece que:

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