Date archives Marzo 2017

Familia / Justicia / Matrimonio

¿Soy responsable penalmente de los actos societarios de mi pareja?

En primer lugar, debemos partir del principio fundamental en la jurisdicción penal, que es el llamado in dubio pro reo que, como es conocido, significa literalmente, “ante la duda, en favor del reo” o dicho de otra manera, se presume que alguien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Este principio incluye que la carga de probar la acusación recae sobre la acusación pública o la acusación particular.

Si la parte contraria no consigue obtener y presentar ante el Tribunal prueba fehaciente de la participación del socio y pareja en los actos delictivos del otro, el Tribunal, obligatoriamente, está obligado a absolver.

Este principio de presunción de inocencia está recogido en la Constitución Española (artículo 24.2).

En una sociedad mercantil, y según la doctrina y la jurisprudencia acuñada durante años, existe y prevalece el “principio de confianza”, según el cual, y en resumen, “un socio debe fiarse, en principio, de lo que haga el otro”.

Ello fue determinado al objeto de que fluya el tráfico mercantil ya que, de otra manera, si un socio debe justificar y tener la aprobación del resto de socios, de todas y cada una de sus decisiones, es muy probable, que la empresa no pueda funcionar con la inmediatez exigida en el mercado.

Este principio protege la confianza socialmente adecuada (Sentencia Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2000) que evidencia que en una relación entre socios y administradores de una sociedad debe prevalecer un ánimo de “razonable” confianza.

Si, además, uno de los socios, es tu pareja sentimental, se entiende que esta confianza se refuerza, estando prohibido deducirse que el socio conocía, o debía conocer, las actuaciones de su pareja.

En resumen, se supone que en las relaciones mercantiles existe el principio de confianza que “permite” no saber o no conocer todos y cada uno de los movimientos de tu socio, ignorancia que se expande si ese socio es tu pareja y, además, corresponde a la acusación, probar, no solamente con suposiciones o indicios, sino con prueba de cargo suficiente, que existía ese conocimiento de que tu socio y, además pareja, estaba actuando contra ley.

 

Mar Ropero

Abogada

Autónomos

Aplazamiento IVA 2017

Tras la modificación legislativa de la Ley general Tributaria en su artículo 65.2 mediante el RD Legislativo 3/2016 de 2 de diciembre por el cual se negaba prácticamente el fraccionamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se ha efectuado por parte de la Agencia Tributaria una Instrucción de 13/01/2017 por la cual se permitirá el fraccionamiento de dicho pago de impuesto hasta 30.000 € sin aval bancario.

En este sentido, ha mejorado la modificación que se efectúo en 2015 por la cual se permitía el aplazamiento sin aval bancario hasta 18.000 €, habiendo ampliado el importe 12.000 €.

 

  • Para autónomos:

Evidentemente dicha permisión viene con requisitos para poder acogerse al aplazamiento sin garantías, entre ellos:

  1. No superar el aplazamiento más de 12 meses,
  2. En caso de ser importe superior a 30.000 € se debe proceder a aportar garantía y el plazo no podrá superar los 36 meses. Se deberá acreditar asimismo, que el aplazamiento se solicita porque en el momento del devengo del impuesto no se han abonado por parte del cliente. Es decir, el criterio de caja, mostrar que no se paga porque al existir pago aplazado para el cliente, aún no se ha cobrado el mismo.
  • Para empresas:

Se podrá solicitar el aplazamiento del IVA hasta 30.000 € sin aval bancario, pero no por plazo superior a 6 meses.

 

Mireia Perpiñán López

Abogada

Vivienda

La obligación del consumidor de abonar los gastos de constitución de hipoteca

 

Mediante su Sentencia nº 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, declaró nulas (por abusivas) varias cláusulas insertas en contratos con consumidores del BBVA y del Banco Popular.

Entre ellas, se declararon nulas aquellas cláusulas presentes en los contratos de hipoteca que establecen que: “Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente.” Es decir, aquellas cláusulas que obligan al consumidor a hacerse cargo de todos los gastos derivados de la formalización del contrato de préstamo hipotecario, como son el Notario, el Registro de la Propiedad y el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es la entidad bancaria (como por ejemplo, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados).

El Tribunal Supremo justifica que la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real),  tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Pues bien, en realidad es el prestamista (entidad bancaria) quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, pues así es como obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución especial (art. 685 LEC).

Por todo ello, los consumidores afectados (que tengan una hipoteca vigente o que no haga más de 4 años que acabaron de pagarla) pueden acudir a la entidad bancaria, con la que tenga suscrito el contrato de préstamo, y solicitar el reintegro de las cantidades cobradas de forma abusiva.

 

María Ferré Martínez

Abogada