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Ley

Aprobadas las medidas urgentes para la protección de los consumidores en materia de cláusula suelo

MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULA SUELO

El pasado 21 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en material de cláusula suelo.

El referido Real Decreto-Ley tiene por objeto establecer un procedimiento extrajudicial rápido y gratuito para canalizar las reclamaciones de los consumidores a las entidades bancarias en relación a las cláusulas suelo que puedan contener sus escrituras hipotecarias que los Bancos deberán implantar en el plazo de 1 mes. En este sentido, sólo se considerarán incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley las hipotecas con cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Los bancos deberán implantar un sistema de reclamación previa a cualquier procedimiento judicial que consistirá en informar a todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusulas suelo en sus hipotecas de dicha circunstancia.

Una vez informados, los consumidores podrán dirigir una reclamación previa al banco y solicitar el cálculo de las cantidades que deben devolverse por haberse cobrado de más, de manera desglosada junto a los intereses. Puede ser que el banco considere que la devolución no procede, por cualquier causa, en cuyo caso lo comunicará al consumidor dándose por concluido el procedimiento extrajudicial, pudiéndose dirigir el consumidor a la vía judicial.

Si el consumidor está de acuerdo con el cálculo, lo manifestará a la entidad bancaria cerrando acuerdo que deberá cumplirse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de presentación de la reclamación.

 

En cualquier caso, se entenderá que el procedimiento finaliza sin acuerdo siempre que:

  • El banco rechace la solicitud del consumidor
  • Si transcurren 3 meses sin que el consumidor reciba respuesta del Banco
  • Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo realizado con el Banco o lo rechaza
  • Si en el plazo de 3 meses el Banco no ha puesto a disposición del consumidor la cantidad ofrecida.

 

En los casos anteriores, y una vez transcurrido el plazo de 3 meses, el consumidor podrá acudir a la vía judicial a formular la reclamación contra el Banco.

Respecto al coste del procedimiento judicial, únicamente se impondrán las costas al Banco en caso que el Juzgado condene al Banco al pago de una cantidad superior a la ofrecida al consumidor en el procedimiento extrajudicial

El Real Decreto-Ley permite también la posibilidad de que el consumidor acuerde con el Banco cualquier medida compensatoria diferente a la devolución de los importes en efectivo.

Es importante tener en cuenta que la devolución de cantidades por parte del Banco o bien la adopción de cualquier medida compensatoria puede generarle obligaciones tributarias al haberse deducido en la declaración de la renta cantidades superiores a las que le hubiesen correspondido debiendo formularse por ello una declaración sustitutiva de los ejercicios que se vean afectados. El Real Decreto-Ley prevé expresamente que los Bancos facilitarán a la AEAT la información relativa a las devoluciones acordadas.

 

Irene Navarrete Fombella

Abogada

Vivienda

Las cláusulas suelo en las hipotecas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en su reciente sentencia de 21 de diciembre del 2016 en favor de la devolución de todo el dinero cobrado por las entidades bancarias a raíz de la inclusión de cláusulas suelo incluidas en los préstamos hipotecarios concertados con los consumidores.

Como es sabido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo del 2016, con fundamento al principio de seguridad jurídica, limitó la eficacia temporal de su sentencia en cuanto a la devolución de importes cobrados a raíz de las clausulas suelo y dispuso que ésta sólo surtiría efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de las clausulas suelo no afectaría a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo del 2013.

Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entendido que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una clausula suelo recogida en la Sentencia de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores, y no resulta compatible con el Derecho de la Unión. En consecuencia, y dado que los órganos jurisdiccionales están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, ha indicado que éstos deberán abstenerse de aplicar la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en sentencia de 9 de mayo del 2013.

A efectos de poder reclamar la devolución de los importes pagados de más por aplicación de las cláusulas suelo incorporadas en los préstamos hipotecarios concertados con consumidores, el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya fallado en dicho sentido no lleva aparejado que tras dicho fallo las entidades bancarias de forma automática estén obligadas a devolver el importe pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo.

Si bien es cierto que alguna entidad bancaria puede llevar a cabo la devolución de oficio, para el caso de aquellas entidades que defienden que la incorporación de este tipo de cláusulas en los préstamos hipotecarios es legal y se ha efectuado de forma transparente, será necesario que con carácter previo se declare la nulidad de la cláusula en cuestión por parte de los Tribunales de Justicia.

 

Carme Martorell

Vehiculo

¿Puedo dejar de pagar la letra de un coche que da constantes problemas? Los contratos de crédito vinculados.

Recientemente se ha dictado una interesante sentencia por parte del Tribunal Supremo que  establece que el adquirente de un vehículo, que presenta constantes problemas por tratarse de  una unidad defectuosa y que reiteradamente precisa ser llevado al taller para solventar los mismos, no vendrá formalmente obligado a seguir abonando las cuotas a la financiera. Esto se dará mientras se prolongue la situación, hasta que se ponga fin a la problemática con una reparación definitiva o se sustituya el vehículo por otro en las debidas condiciones.

Esta situación, que a priori podría parecer la lógica ante un simple incumplimiento contractual, ha presentado habitualmente problemas por ser práctica habitual que vendedor y financiera sean entidades con personalidad jurídica diferenciada y esta última viniese considerando que ha cumplido su obligación con la concesión del préstamo, debiendo quedar al margen de los problemas del bien adquirido o servicio recibido.

La resolución de referencia, de fecha 24 de noviembre, justifica la excepción que acabamos de explicar en base al artículo 29 de la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo, que regula los contratos de crédito vinculados. Es decir,  aquellos en los que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos y ambos contratos constituyen una unidad comercial, desde un punto de vista objetivo. Quedaría  al margen, por ejemplo, el préstamo personal que una persona puede solicitar para adquirir un vehículo a un particular.

El referido artículo, en su apartado tercero,  permite excepcionar directamente el pago a  la financiera siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • En primer lugar,  que los bienes o servicios, objeto del contrato, no hayan sido entregados en todo o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato.

  • Y por otro lado, que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho.

La situación que se recoge en la sentencia que hemos reseñado es habitual no sólo para la adquisición de bienes, sino que es práctica comercial habitual en muchas prestaciones de servicios, como por ejemplo, los tratamientos odontológicos, estéticos, etcétera, permitiendo a la Ley aplicar la misma solución jurídica.

Alejandro Martínez Vivancos

Abogado