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Ley

El nuevo Reglamento europeo para la protección de datos

El pasado 25 de mayo de 2016, entró en vigor el Reglamento europeo para la protección de datos, que fue aprobado por el pleno del Parlamento de la Unión Europea, si bien no será de aplicación hasta 2 años después (esto es el 25 de mayo de 2018), fecha en que pasará a ser de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea.

Durante estos dos años, los Estados miembros y las organizaciones que tratan datos de carácter personal, tendrán que ir disponiendo lo necesario para adaptarse a las exigencias de este nuevo Reglamento Europeo.

En lo que se refiere a su aplicación en España, este Reglamento vendrá a sustituir la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su Reglamento (aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre), derogando también la vigente Directiva Europea 95/46/CE.

La de este nuevo Reglamento es:

-Por un lado, dotar a los ciudadanos de más poder de decisión y control sobre qué parte de su información privada y personal quieren compartir en internet (por ejemplo en redes sociales, compras online…) o con las empresas y demás operadores en el tráfico mercantil. Y ello porque la rápida evolución tecnológica y la globalización de estos últimos años ha propiciado que, muchas veces sin darse cuenta, las personas físicas difundan cada vez más información personal, a escala incluso mundial, perdiendo todo control sobre la misma (por ejemplo, en el caso de las llamadas “cookies publicitarias”, que almacenan información sobre los lugares que han visitado en internet para que terceros les ofrezcan publicidad que nunca han solicitado…).

-Por otro lado, unificar las dispares normativas actuales de cada país en materia de protección que podrían impedir la libre circulación de los datos de carácter personal y en consecuencia ser un obstáculo para el ejercicio de las actividades económicas a nivel de la Unión

Es decir que persigue lograr que en todos los países de la UE se proteja a las personas físicas de una misma manera y con unas mismas garantías, para que de ese modo, no quede restringida o prohibida la libre circulación de los datos de carácter personal por posibles “faltas de protección”, y se consiga así un equilibrio entre el buen funcionamiento del mercado interior y la protección efectiva de las personas físicas.

Se aplicará a los Responsables o encargados de ficheros en empresas establecidas en la Unión Europea (igual que se venía haciendo hasta ahora con la Ley 15/1999), y además se ampliará a responsables y encargados de ficheros en empresas no establecidas en la UE, siempre que tales empresas utilicen esos datos para ofertar bienes o servicios destinados a ciudadanos de la UE, o para monitorizar y/o hacer seguimiento de su comportamiento.

Principales novedades que pueden interesar más al ciudadano:

Consentimiento (artículo 7): Debe ser libre, informado, específico e inequívoco. Ya no se aceptará el consentimiento tácito como se viene haciendo hasta ahora. Además deberá ser verificable, de modo que el responsable del fichero pueda mostrar en caso de auditoría, que el ciudadano otorgó su consentimiento expreso. Se podrá revocar (o retirar) en cualquier momento y tan fácilmente como se otorga.

La edad mínima (artículo 8) para   que   los   menores   puedan   prestar consentimiento por sí mismos para tratamiento de sus datos en internet, redes sociales, etc., se fija en 16 años, si bien el Reglamento permite que cada país establezca una edad, que nunca podrá ser menor a 13 años (en el caso de España está fijada en 14 años. Por debajo de esa edad, son los padres o tutores legales del menor quienes deben prestar consentimiento en su nombre)

– Derecho al olvido (artículo 17): consistente en la facultad del  ciudadano de solicitar la inmediata supresión de sus datos personales del fichero donde obren incorporados, cuando ya no sean necesarios para el fin para el que se consintió (por ejemplo si nos damos de baja de un servicio), cuando revoque o retire el consentimiento prestado, cuando ejercite el derecho de oposición o cuando hayan sido tratados ilícitamente.

– Derecho a la portabilidad de los datos (artículo 20): consistente en la facultad del interesado de recibir del responsable del fichero una copia de los datos personales que le incumban en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a  transmitirlos  a  otro  responsable,  sin que  se le  pueda  Cuando sea posible, se trasmitirán los datos de responsable a responsable directamente.

– Ataques o violaciones de la seguridad (artículo 33 y 34): en caso  de producirse un ataque, por ejemplo de piratería informática, el responsable del fichero deberá comunicarlo inmediatamente o en plazo máximo de 72 horas, a la autoridad de control competente del país, informando de tipo de violación o ataque sufrido, número de personas afectadas y consecuencias del ataque. Si además se estima que entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas cuyos datos estaban incluidos en el fichero, deberá comunicárselo al interesado inmediatamente, informándole en lenguaje sencillo lo que ha sucedido y las consecuencias que puede

Indemnización por daños y perjuicios (artículo 82): el ciudadano que haya sufrido daños y perjuicios materiales o personales debido a la infracción de las normas contenidas en este Reglamento, tendrá derecho a ser

Por último, destacar que el Reglamento prevé elevadas sanciones económicas o multas (artículo 83) para aquellas empresas infractoras: 20.000.000 de euros o el 4% de la facturación global (si la infractora es una empresa), si es superior a esos 20.000.000 de

 

 

Patricia Díaz Gil
Abogada

Vivienda

Modificación en el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)

Hace ya algunos años, se puso hilo a la aguja al respecto de la problemática relativa a las condiciones abusivas halladas en algún tipo de hipoteca a tipo variable, en particular, las famosas “cláusulas suelo”. No tardaron los consumidores y las asociaciones de éstos en poner de manifiesto las “irregularidades” detectadas con su inclusión en los contratos hipotecarios, básicamente por la falta de transparencia en su comercialización.

Precisamente, en 2013, el Tribunal   Supremo zanjó la polémica dictando una Sentencia el 9 de mayo que, con sus matices, vino en declarar que aquellas eran abusivas y, por ende, nulas, añadiendo igualmente a los bancos la obligación de devolver los intereses cobrados de más desde el mes de mayo de aquel año. Actualmente, nos hallamos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie al respecto de la retroactividad en la obligación de devolver los intereses cobrados de más, siendo posible, de determinarlo aquel, que lo tengan que hacer desde la formalización del mismo contrato de hipoteca.

Pero también, desde hace algún tiempo, se ha puesto la lupa sobre otro tipo de referencia de los intereses bancarios para las hipotecas. Nos referimos al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Según el Banco de España, en nuestro país lo aplican aproximadamente un 11% de la hipotecas. Sin embargo, dicho índice, que en su momento se “vendió” como el más estable para los consumidores, comenzó a generar problemas al calcularse a través de una media de los datos aportados por las propias entidades (los tipos de interés y las comisiones) respecto a las hipotecas concedidas.

Para solucionar dichos problemas se publicó la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que eliminaba los índices IRPH Cajas e IRPH Bancos, debiendo aplicarse desde 2013 (al entrar en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al emprendedor) y cuando no exista otro alternativo pactado, el IRPH Entidades (tipo medio concedido por Cajas y Bancos).

Lo cierto es que el tipo de interés IRPH se halla actualmente muy por encima del Euribor (el índice que mayoritariamente se emplea para las hipotecas en España). Al igual que en el caso de los “suelos”, muchos Juzgados han declarado nulos aquellos contratos que, de forma poco “transparente”, se rigen a través del índice IRPH. Resulta pues conveniente, si se encuentran en este caso, que acudan a un especialista para que revise su contrato de hipoteca en busca de posibles “anomalías”.