Date archives Diciembre 2011

Vivienda

EL REGIMEN JURIDICO DE LOS “OCUPAS”

Cuando algún individuo penetra en un inmueble ajeno, sin el consentimiento de su propietario, ya sea rompiendo una puerta, una valla, o simplemente saltando algún muro u obstáculo de cerramiento, se produce un delito, castigado por el código penal con el nombre de “allanamiento de morada”.

Si este delito es flagrante, es decir, se puede localizar a la persona que lo comete, todavía en el interior de la casa, por cuanto su entrada es reciente, la policía puede intervenir directamente, en las primera horas, deteniendo al individuo, y atendiendo a una simple denuncia, que haya presentado, por ejemplo, el propietario del inmueble. Según la teoría del delito flagrante, al igual que ocurre por ejemplo en los supuestos de robos, la policía no necesita de ninguna orden judicial, para llevar a cabo la detención.

Sin embargo, ¿Por qué entonces en el caso de los ocupas, vemos que la policía no puede actuar de esta manera inmediata con una simple denuncia? Pues simplemente porque al transcurrir un tiempo desde la comisión de aquel delito de allanamiento de morada, es decir, al estar el ocupante” dos o tres días en el interior del inmueble, cambiando muchas veces la cerradura, modificando el “aspecto” interior y exterior y pasando en definitiva a vivir en el lugar, cambia también la figura jurídica ante la que nos encontramos. Seguir leyendo…

Actualidad

LIMITE AL DISFRUTE DE LAS VACACIONES

Recientemente el Tribunal de Justicia de la UE ha dictado una sentencia respecto del derecho de los trabajadores a disfrutar de las vacaciones.

El pleito deriva de la demanda de un ciudadano alemán que tras permanecer de baja por enfermedad durante varios años, al finalizar su relación laboral reclamó una compensación económica por sus vacaciones anuales que no había disfrutado durante los años 2006,2007 y 2008, ya que al haber estado de baja se vió privado de ejercer su derecho a las vacaciones retribuidas.

A pesar de que el Tribunal considera que dicho derecho debe considerarse un principio del derecho social de la Unión, de especial importancia, respecto del cual no pueden establecerse excepciones, no se opone a que una normativa nacional contemple la pérdida del derecho a vacaciones anuales  al término del periodo que establezca su ordenamiento propio –en el caso concreto alemán son 15 meses- para disfrutarlas siempre que el trabajador haya tenido la posibilidad de disfrutarlas, y entiende, además, que un trabajador con incapacidad laboral durante varios años consecutivos no puede estar facultado para acumular de modo ilimitado derecho a vacaciones retribuidas adquiridas durante su baja. Seguir leyendo…

Contrato / Vivienda

GASTOS DEDUCIBLES EN EL I.R.P.F. EN EL ARRENDAMIENTO DE VIVIVENDA 2ª PART

Como continuación a nuestro artículo anterior, ahora debemos estudiar, como parte de los gastos deducibles en el arrendamiento de viviendas, la amortización del bien inmueble y la reducción establecida en el artículo 23.2 de La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físícas (en adelante I.R.P.F.).

I.- Amortización.- También son gastos deducibles las cantidades destinadas a la amortización del bien inmueble, y de los demás bienes cedidos por el mismo, siempre que respondan a su depreciación efectiva.

Tratándose de inmuebles, se entiende que la amortización cumple el requisito de efectividad si no excede del resultado de aplicar el 3 % sobre el mayor de los siguientes valores: Seguir leyendo…

Reclamación / Viajes

LA AUDIENCIA NACIONAL HA DESESTIMADO LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA EL ESTADO Y A AENA POR EL BLOQUEO DEL TRÁFICO AÉREO DEL 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2010

La demanda la presentó un viajero que resultó perjudicado por el abandono total del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos los días 3 y 4 de diciembre de 2010. El recurrente solicitaba 5.522.53 euros en concepto de daños y perjuicios provocados por el cierre del espacio aéreo español.
Para poder exigir una responsabilidad patrimonial a la Administración deben concurrir una serie de requisitos:
a) Acreditar que un daño se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.
b) Que el que sufre el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo
c) Que exista una relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido
d) Y la total ausencia de fuerza mayor

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