Derecho / fiscalidad

Valor del derecho de usufructo a efectos fiscales

En numerosas ocasiones, sobre todo en caso de herencias, cuando existen inmuebles al Cónyuge sobreviviente le corresponde el Usufructo del inmueble y a los hijos la Nuda Propiedad (en adelante NP) del mismo y surge de inmediato la pregunta de cómo se valoran ambos derechos. Es decir, que parte del valor del inmueble corresponde al usufructo y que parte debe atribuirse a la NP. En este artículo se trata de dar unas reglas concisas para encontrar, fácilmente, el valor de ambos derechos.

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Actualidad / comunidad propietarios

Instalación de un punto de recarga en comunidades de propietarios

Cada vez es más común la adquisición de vehículos eléctricos tanto por motivos ecológicos, como de optimización del consumo. A pesar que cada vez existen más conductores que optan por un vehículo de este tipo, tener un punto de recarga en casa es necesario, dado que la infraestructura de recarga todavía es escasa.

Cuando uno reside en vivienda unifamiliar, la decisión e instalación del punto de recarga para vehículo eléctrico es clara, pero ¿qué ocurre en las comunidades de propietarios? ¿Puede instalarse un punto en la plaza individual? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), introdujo esta cuestión en su reforma operada mediante la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, entrada en vigor en fecha 28 de junio de 2013. Concretamente, el art. 17.5 de la LPH, establece que solo será necesaria una mera comunicación previa al presidente de la comunidad, de su intención de instalar un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio (siempre que éste se ubique en la plaza individual de garaje). Asimismo, por tratarse de un servicio individual, tanto su instalación como el consumo de electricidad correspondiente, deben ser asumidos íntegramente por el interesado.

En algunas comunidades autónomas, habrá que atenerse a la normativa propia, como por ejemplo en Cataluña, donde dicha cuestión se regula en el art. 553-36 del Código Civil Catalán, tras la nueva redacción introducida por el art. 1 de la Ley (Cataluña) 5/2015, 13 de mayo, el cual establece que habrá que comunicar a la presidencia o administración de la comunidad, con treinta días de antelación al inicio de la obra, el proyecto técnico y la certificación técnica, una vez finalizada. Durante dicho plazo de treinta días, la comunidad podría proponer una alternativa razonable y más adecuada a sus intereses generales.

                                                                                                       María Ferré Martínez

Abogada

Actualidad / Vivienda

Novedades en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

En la compra-venta de un inmueble debe afrontarse el impuesto de incremento del valor del terreno, lo que coloquialmente se conoce como la plusvalía municipal, que en muchos casos supone una sorpresa para quien se ve en la obligación de abonarlo. En ocasiones supone una cantidad muy elevada, incluso por encima del impuesto de transmisiones u otros gastos o impuestos.

El hecho de que sea un impuesto que se calcula de forma automática por unos parámetros que tiene cada municipio, resultando la cuantía a pagar por el supuesto incremento del valor del terreno, sin tener en cuenta el valor real del mismo en el momento de la operación, ha generado no pocas polémicas y reclamaciones. Además, ha sido notoria la reciente sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declaran inconstitucionales dos artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa (reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Lo que se le planteaba al TC era que la normativa reguladora de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal establece una regla de valoración legal que no puede ser corregida cuando se produce una minusvalía. Esto resulta contrario al principio constitucional de capacidad económica, y también si la regla de valoración legal establecida permite o no una prueba en contrario que permita en vía de alegación o de recurso administrativo o contencioso-administrativo acreditar y probar que se ha producido una revalorización menor o una minusvalía.

Asimismo, se planteó otra duda, que era si cuando a través de la prueba se acredite que el incremento de valor real de los inmuebles, objeto de la liquidación, es inferior al que resulta de la aplicación de los porcentajes previstos en la Ley de Haciendas Locales.

Lo que se cuestiona de este impuesto es que el valor catastral del suelo que aparece en el recibo del IBI de los inmuebles, es la base de cálculo para el impuesto del incremento, y que tal valor catastral se determina en base al valor real o de mercado del suelo. Tal criterio, sin embargo, se ha convertido en una especie de trampa, puesto que durante los años en los que la crisis inmobiliaria ha sido más evidente, muchos de los valores catastrales han tenido una tendencia alcista, lo que no se producía de la misma manera en el valor real que les ha de servir como base, y este último sufría un fuerte descenso en el mercado, lo que llevaba a una clara incongruencia.

Es fácil adivinar lo que en la realidad ocurre con el sistema establecido hasta ahora, y es que aunque en la transmisión haya habido pérdidas o pequeñas plusvalías para el contribuyente, al liquidar el impuesto resultará una cantidad a abonar al municipio, siendo que en el caso de pequeñas plusvalías, puede resultar claramente desproporcionada.

La consecuencia de ello es que se entiende que se estaría infringiendo el principio de capacidad económica contemplado en nuestra Constitución, que iría ligada a la aptitud para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias. De tal manera, que si tal aptitud no existe, (no hay incremento de valor), no se puede producir el hecho imponible que da lugar al pago del impuesto, ya que se consideraría el mismo como de carácter confiscatorio, no aceptado por la Constitución.

A tal conclusión llega el Tribunal Constitucional, entendiendo que no se pueden gravar riquezas virtuales o ficticias (en caso de minusvalías), debiéndose gravar exclusivamente riquezas reales o potenciales sin que se pueda aplicar de manera automática el impuesto.

La transcendencia de la sentencia es alta puesto que, si bien lo que hace es declarar inconstitucionales determinados artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa, éstos son copia casi literal de los artículos contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, ésta también será objeto de revisión con lo que los municipios pueden ver limitada su capacidad de obtención de recursos económicos vía fiscal.

Se producen consultas sobre si es pertinente negarse al pago de tal impuesto sugiriéndose que hasta que no se produzca un pronunciamiento respecto de la Ley de Haciendas Locales, lo procedente es pagar y reclamar siempre que por la transmisión que dio lugar al impuesto no se obtuvo ninguna ganancia, o se produjeron pérdidas, que no haya transcurrido el plazo de 4 años desde que se hizo el pago del impuesto, y que la liquidación practicada por el impuesto no sea definitiva.

Para proceder a dicha reclamación deberá solicitarse ante el organismo que la recaudó la anulación de la liquidación practicada y la devolución de los ingresos indebidos o importe abonado por plusvalía municipal.

Alex Serra

Abogado

Familia / Justicia / Matrimonio

¿Soy responsable penalmente de los actos societarios de mi pareja?

En primer lugar, debemos partir del principio fundamental en la jurisdicción penal, que es el llamado in dubio pro reo que, como es conocido, significa literalmente, “ante la duda, en favor del reo” o dicho de otra manera, se presume que alguien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Este principio incluye que la carga de probar la acusación recae sobre la acusación pública o la acusación particular.

Si la parte contraria no consigue obtener y presentar ante el Tribunal prueba fehaciente de la participación del socio y pareja en los actos delictivos del otro, el Tribunal, obligatoriamente, está obligado a absolver.

Este principio de presunción de inocencia está recogido en la Constitución Española (artículo 24.2).

En una sociedad mercantil, y según la doctrina y la jurisprudencia acuñada durante años, existe y prevalece el “principio de confianza”, según el cual, y en resumen, “un socio debe fiarse, en principio, de lo que haga el otro”.

Ello fue determinado al objeto de que fluya el tráfico mercantil ya que, de otra manera, si un socio debe justificar y tener la aprobación del resto de socios, de todas y cada una de sus decisiones, es muy probable, que la empresa no pueda funcionar con la inmediatez exigida en el mercado.

Este principio protege la confianza socialmente adecuada (Sentencia Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2000) que evidencia que en una relación entre socios y administradores de una sociedad debe prevalecer un ánimo de “razonable” confianza.

Si, además, uno de los socios, es tu pareja sentimental, se entiende que esta confianza se refuerza, estando prohibido deducirse que el socio conocía, o debía conocer, las actuaciones de su pareja.

En resumen, se supone que en las relaciones mercantiles existe el principio de confianza que “permite” no saber o no conocer todos y cada uno de los movimientos de tu socio, ignorancia que se expande si ese socio es tu pareja y, además, corresponde a la acusación, probar, no solamente con suposiciones o indicios, sino con prueba de cargo suficiente, que existía ese conocimiento de que tu socio y, además pareja, estaba actuando contra ley.

 

Mar Ropero

Abogada

Autónomos

Aplazamiento IVA 2017

Tras la modificación legislativa de la Ley general Tributaria en su artículo 65.2 mediante el RD Legislativo 3/2016 de 2 de diciembre por el cual se negaba prácticamente el fraccionamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se ha efectuado por parte de la Agencia Tributaria una Instrucción de 13/01/2017 por la cual se permitirá el fraccionamiento de dicho pago de impuesto hasta 30.000 € sin aval bancario.

En este sentido, ha mejorado la modificación que se efectúo en 2015 por la cual se permitía el aplazamiento sin aval bancario hasta 18.000 €, habiendo ampliado el importe 12.000 €.

 

  • Para autónomos:

Evidentemente dicha permisión viene con requisitos para poder acogerse al aplazamiento sin garantías, entre ellos:

  1. No superar el aplazamiento más de 12 meses,
  2. En caso de ser importe superior a 30.000 € se debe proceder a aportar garantía y el plazo no podrá superar los 36 meses. Se deberá acreditar asimismo, que el aplazamiento se solicita porque en el momento del devengo del impuesto no se han abonado por parte del cliente. Es decir, el criterio de caja, mostrar que no se paga porque al existir pago aplazado para el cliente, aún no se ha cobrado el mismo.
  • Para empresas:

Se podrá solicitar el aplazamiento del IVA hasta 30.000 € sin aval bancario, pero no por plazo superior a 6 meses.

 

Mireia Perpiñán López

Abogada

Vivienda

La obligación del consumidor de abonar los gastos de constitución de hipoteca

 

Mediante su Sentencia nº 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, declaró nulas (por abusivas) varias cláusulas insertas en contratos con consumidores del BBVA y del Banco Popular.

Entre ellas, se declararon nulas aquellas cláusulas presentes en los contratos de hipoteca que establecen que: “Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente.” Es decir, aquellas cláusulas que obligan al consumidor a hacerse cargo de todos los gastos derivados de la formalización del contrato de préstamo hipotecario, como son el Notario, el Registro de la Propiedad y el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es la entidad bancaria (como por ejemplo, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados).

El Tribunal Supremo justifica que la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real),  tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Pues bien, en realidad es el prestamista (entidad bancaria) quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, pues así es como obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución especial (art. 685 LEC).

Por todo ello, los consumidores afectados (que tengan una hipoteca vigente o que no haga más de 4 años que acabaron de pagarla) pueden acudir a la entidad bancaria, con la que tenga suscrito el contrato de préstamo, y solicitar el reintegro de las cantidades cobradas de forma abusiva.

 

María Ferré Martínez

Abogada

 

 

Familia

El Supremo reitera el derecho de visita de los abuelos con sus nietos

 

En una reciente resolución de fecha 20 de Septiembre de 2016, el Tribunal Supremo volvió a dar la razón a la demandante que solicitaba el derecho a relacionarse con sus nietos, dada la pésima relación con los padres de los menores propiciado por una denuncia que interpuso la abuela contra su yerno y que había supuesto que ésta perdiera el contacto con sus nietos durante más de seis años.

Efectivamente, reiterando la doctrina que ya expuso en su sentencia de 18 de marzo de 2015, incide en que debe examinarse caso por caso si existe alguna causa que impida la relación pensando siempre en el beneficio de los menores, pero insistiendo en que estamos ante un derecho que tienen tanto los abuelos como los nietos y que redunda en beneficio de éstos últimos.

Desde el año 2003 en que tuvo lugar la reforma del Código Civil para adaptarlo a las necesidades existentes en nuestra sociedad respecto al derecho de los abuelos a poder relacionarse con sus nietos, nos encontramos que en la práctica es bastante habitual que se interpongan este tipo de demandadas ante los tribunales.

La regulación la encontramos en el artículo 160 del Código Civil, que recoge que “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes allegados”. Es decir, los padres deberán permitir que sus hijos tengan relación con sus abuelos, ya que por lo general dicha relación se entiende que es fundamental para el desarrollo de los menores y que los abuelos desempeñan un papel esencial de cohesión y transmisión de valores en la familia. No obstante, sobre el derecho de las partes debe prevalecer siempre el interés del menor y lo que se considere más adecuado para él.

Igualmente, los artículos 90 y 94 del Código Civil posibilitan que en un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo los progenitores de los menores incluyan este derecho en el propio convenio regulador.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que diversas Comunidades Autónomas han desarrollado su normativa propia, que prevalecerá sobre la general.

 

Mireia Bonaventura Caparrós,

Abogada

Ley

Aprobadas las medidas urgentes para la protección de los consumidores en materia de cláusula suelo

MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULA SUELO

El pasado 21 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en material de cláusula suelo.

El referido Real Decreto-Ley tiene por objeto establecer un procedimiento extrajudicial rápido y gratuito para canalizar las reclamaciones de los consumidores a las entidades bancarias en relación a las cláusulas suelo que puedan contener sus escrituras hipotecarias que los Bancos deberán implantar en el plazo de 1 mes. En este sentido, sólo se considerarán incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley las hipotecas con cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Los bancos deberán implantar un sistema de reclamación previa a cualquier procedimiento judicial que consistirá en informar a todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusulas suelo en sus hipotecas de dicha circunstancia.

Una vez informados, los consumidores podrán dirigir una reclamación previa al banco y solicitar el cálculo de las cantidades que deben devolverse por haberse cobrado de más, de manera desglosada junto a los intereses. Puede ser que el banco considere que la devolución no procede, por cualquier causa, en cuyo caso lo comunicará al consumidor dándose por concluido el procedimiento extrajudicial, pudiéndose dirigir el consumidor a la vía judicial.

Si el consumidor está de acuerdo con el cálculo, lo manifestará a la entidad bancaria cerrando acuerdo que deberá cumplirse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de presentación de la reclamación.

 

En cualquier caso, se entenderá que el procedimiento finaliza sin acuerdo siempre que:

  • El banco rechace la solicitud del consumidor
  • Si transcurren 3 meses sin que el consumidor reciba respuesta del Banco
  • Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo realizado con el Banco o lo rechaza
  • Si en el plazo de 3 meses el Banco no ha puesto a disposición del consumidor la cantidad ofrecida.

 

En los casos anteriores, y una vez transcurrido el plazo de 3 meses, el consumidor podrá acudir a la vía judicial a formular la reclamación contra el Banco.

Respecto al coste del procedimiento judicial, únicamente se impondrán las costas al Banco en caso que el Juzgado condene al Banco al pago de una cantidad superior a la ofrecida al consumidor en el procedimiento extrajudicial

El Real Decreto-Ley permite también la posibilidad de que el consumidor acuerde con el Banco cualquier medida compensatoria diferente a la devolución de los importes en efectivo.

Es importante tener en cuenta que la devolución de cantidades por parte del Banco o bien la adopción de cualquier medida compensatoria puede generarle obligaciones tributarias al haberse deducido en la declaración de la renta cantidades superiores a las que le hubiesen correspondido debiendo formularse por ello una declaración sustitutiva de los ejercicios que se vean afectados. El Real Decreto-Ley prevé expresamente que los Bancos facilitarán a la AEAT la información relativa a las devoluciones acordadas.

 

Irene Navarrete Fombella

Abogada

Vivienda

Las cláusulas suelo en las hipotecas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en su reciente sentencia de 21 de diciembre del 2016 en favor de la devolución de todo el dinero cobrado por las entidades bancarias a raíz de la inclusión de cláusulas suelo incluidas en los préstamos hipotecarios concertados con los consumidores.

Como es sabido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo del 2016, con fundamento al principio de seguridad jurídica, limitó la eficacia temporal de su sentencia en cuanto a la devolución de importes cobrados a raíz de las clausulas suelo y dispuso que ésta sólo surtiría efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de las clausulas suelo no afectaría a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo del 2013.

Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entendido que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una clausula suelo recogida en la Sentencia de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores, y no resulta compatible con el Derecho de la Unión. En consecuencia, y dado que los órganos jurisdiccionales están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, ha indicado que éstos deberán abstenerse de aplicar la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en sentencia de 9 de mayo del 2013.

A efectos de poder reclamar la devolución de los importes pagados de más por aplicación de las cláusulas suelo incorporadas en los préstamos hipotecarios concertados con consumidores, el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya fallado en dicho sentido no lleva aparejado que tras dicho fallo las entidades bancarias de forma automática estén obligadas a devolver el importe pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo.

Si bien es cierto que alguna entidad bancaria puede llevar a cabo la devolución de oficio, para el caso de aquellas entidades que defienden que la incorporación de este tipo de cláusulas en los préstamos hipotecarios es legal y se ha efectuado de forma transparente, será necesario que con carácter previo se declare la nulidad de la cláusula en cuestión por parte de los Tribunales de Justicia.

 

Carme Martorell