Familia

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA SU DECISIÓN DE NO MODIFICAR LA PENSIÓN COMPENSATORIA

El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 3 de febrero de 2017 ratifica su doctrina mantenida hasta este momento en sus sentencias 446/2013 y 641/2013 conforme “las condiciones que llevaron al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo. Constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas – alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores (artículo 100 CC) o la convivencia del perceptor una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho (artículo 101 CC). Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que se dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente. Es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal”.

En resumen, el TS especifica que para poder extinguir o modificar una pensión compensatoria – por ejemplo solicitar ahora su carácter temporal-, se ha de probar que ha habido una modificación de las circunstancias que dieron lugar a su nacimiento, como sería el hecho que se conviva con una nueva pareja, que el perceptor/a haya tenido acceso al mercado laboral cuando antes no estaba trabajando, que el obligado al pago viera disminuidos drásticamente sus ingresos de forma justificada, etc.

En el caso de no darse dichos requisitos, se mantendrá la pensión fijada al haber sido reconocida en un procedimiento previo en el cual ya se tuvieron en cuenta las particularidades para determinar su importe, duración, etc.

 

Mireia Bonaventura i Caparrós

Abogada

Derecho / Matrimonio

DIFERENCIAS LEGALES ENTRE MATRIMONIO Y PAREJA DE HECHO

Hace años cuando se formaba una familia no se entendía de otra forma que no fuese mediante el vínculo matrimonial, si bien desde hace un tiempo hasta la actualidad  la convivencia no matrimonial es una  realidad cada vez más extendida entre los nuevos modelos de familia, y cada opción presenta una situación jurídica distinta.

Las diferencias más significativas que encontramos entre ambas, se centran en temas fiscales, hereditarios y de liquidación del patrimonio común.

Además, es indispensable tener presente el tipo de regulación existente en el lugar de residencia de la pareja, ya que, a diferencia del matrimonio, cada comunidad autónoma tiene su propia legislación y no todas regulan los mismos derechos.

De forma resumida las similitudes y diferencias entre ambas modalidades son:

  1. Hijos en común y adopciones

En cuanto a derechos y obligaciones, la ley no distingue entre matrimonio y pareja de hecho. El interés superior del menor provoca que estos queden protegidos en todas las regulaciones tanto a nivel estatal como autonómico y los derechos del menor siempre quedarán reconocidos sea cual sea la situación legal como pareja de sus progenitores.

Por tanto al no distinguirse derechos y obligaciones entre matrimonio y pareja de hecho, los hijos quedan protegidos tanto cuando se produce una ruptura de la pareja/matrimonio referente a la (guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas) como en lo que hace referencia a derechos sucesorios.

  1. Fiscalidad

A diferencia del matrimonio, los miembros de una pareja de hecho no pueden tributar conjuntamente a efectos de IRPF.

  1. Cuestiones hereditarias

En el supuesto que el cónyuge/pareja fallecido no hubiera otorgado testamento habrá que atenerse a lo dispuesto en la legislación de cada Comunidad Autónoma; en el caso de Aragón, Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra y Baleares equiparan derechos sucesorios (pareja-cónyuge).

Respecto de la pensión de viudedad y para poder acceder a la misma, en el caso de las parejas de hecho, será necesario acreditar una convivencia previa a la defunción de 5 años.

  1. Ruptura y liquidación del patrimonio común

A diferencia del régimen económico matrimonial, en las parejas de hecho esta cuestión está expresamente regulada en las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña, Cantabria, Navarra y País Vasco. Si este punto no queda aclarado en la legislación autonómica, será el juzgado el que determine si procede o no el derecho a pensión, y se ha de tener en cuenta que en el momento de la inscripción como pareja de hecho se puede pactar una compensación para el caso de ruptura.

Si se produjese desequilibro económico, la parte más desfavorecida, en el caso de parejas de hecho, no podría solicitar una prestación compensatoria (como en el matrimonio) pero sí una prestación alimentaria.

 

Arantza Casaubón

Abogada

Actualidad

2017, un año de cambios en la normativa para los sistemas de retención infantiles destinados al automóvil

Como sabemos, y la Dirección General de Tráfico nos recuerda, es obligatorio hacer uso de los sistemas de retención mientras circulamos a bordo de un automóvil, pues de ello depende, en gran medida, que podamos salvar nuestras vidas en caso de un accidente. No en vano,  usando el cinturón de seguridad, cada año se podrían salvar en la Unión Europea del orden de 7.000 personas, según datos de la Dirección General de Tráfico.

Aún mayor debe ser nuestro celo en el cumplimiento de tal norma en lo que concierne a la seguridad de nuestros hijos de corta edad que puedan viajar con nosotros. Es por ello que, cuando su altura es inferior a 135 cm, también ellos deben viajar con su propio sistema de retención adecuado (homologado) a su talla y peso, si bien, además, deberán viajar obligatoriamente en los asientos traseros, excepto en aquellos casos en los que el automóvil no disponga de ellos, se hallen ocupados por otros menores de idénticas condiciones, o no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención infantil. Solo si nos encontrásemos en alguno de estos tres casos, el menor podrá viajar en el asiento delantero con su sistema de retención propio.

Pues bien, hasta ahora, dichos sistemas debían respetar necesariamente el Reglamento Europeo ECE R-44/04, el cual viene a ser actualizado este año a través de la entrada en vigor de la segunda fase del Reglamento  ECE R-129 (i-Size), que desde 2013 y hasta la fecha regulaba las sillas infantiles desde el recién nacido hasta los 105 cm de altura, y que durante los próximos años regulará, en paralelo con el anterior, cualquier aspecto relacionado con dichos sistemas de retención infantiles.

Los cambios en la normativa más significativos, que entrarán en vigor a partir de este verano son los siguientes:

  • Se prescinde de la clasificación en función de grupos 0/0+/I/II/III (y sus correspondientes intervalos de peso) y cada asiento solo indicará la talla (estatura) y peso máximo de los niños que puedan usarla.
  • El sistema ISOFIX ya no será de uso obligatorio y pasará a ser opcional para las sillas destinadas a niños que midan de 100 a 150 cm.
  • Se garantiza que todos los asientos orientados hacia atrás puedan ser utilizados, al menos, hasta los 15 meses de edad, y ello a fin de fomentar el uso de asientos infantiles orientados hacia atrás, más segura para los niños que viajar mirando hacia adelante.
  • Se trata de universalizar las dimensiones de los asientos de los automóviles y la adecuación a ellos de los sistemas de retención infantil (mediante la creación de la talla única (o “talla-i”), de modo que un asiento que haya sido homologado según esta norma “talla-i” pueda ser usado en cualquier plaza de “talla-i” de los vehículos, a diferencia de la actual normativa ECE R44/04, en la que conviven diferentes tipos de asientos.
  • Otra novedad importante es que los elevadores sin respaldo sólo podrán ser utilizados por niños de más de 125cm y, a partir de 2017 ya no se podrán vender sin respaldo.

Por último, recordarles que, de las infracciones en materia de sistemas de retención para nuestros hijos menores, seremos nosotros responsables como conductores del vehículo.

Francisco Javier Cascales de Águeda

Abogado

Código civil / Reglamento

LA DONACION (DEFINICION Y MODALIDADES) PARTE I

La donación es un acto de liberalidad o la transmisión voluntaria de una cosa o de un conjunto de cosas que hace una persona, donante, en favor de otra, donatario, sin recibir nada como contraprestación. El art. 618 del Código Civil define la donación como un acto de liberalidad por el que una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta.

Aunque el Código Civil no la califica como contrato, sino como acto, y la regula con ocasión de los “modos de adquirir la propiedad”, el carácter contractual le viene dado por la exigencia de la aceptación por parte del donatario (artículo 630), lo que supone el acuerdo de los dos contratantes y, de otra parte, por la sujeción a las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en todo lo que no se halle establecido en sus normas específicas.

La donación es un modo de adquirir que produce efectos reales desde el mismo momento en que ha tenido lugar su perfección por la aceptación del donatario.

Existen diversas modalidades de donación.

  • Donaciones remuneratorias

Serían aquellas que encuentran su razón de ser en los méritos del donatario o en los servicios prestados por éste al donante. Según el artículo 619 “es también donación la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles”.

  • Donaciones modales u onerosas

Reciben tal denominación aquellas donaciones que incorporan una carga modal, pues la onerosidad propia está  excluida de los actos de liberalidad, en general, y de la donación en particular. La donación modal es una auténtica donación, pero al donatario se le ha impuesto una carga que ha de ser inferior al valor de lo donado; las expresiones pueden ser carga, gravamen e incluso, impropiamente, condición.

  • Donaciones mortis causa

La donación, en principio, es un acto inter vivos. Sin embargo, el artículo 620 contiene una referencia a las donaciones mortis causa cuyo entendimiento ha provocado un debate doctrinal sobre su admisibilidad o no.

Esta última es precisamente la opinión mayoritaria de doctrina y jurisprudencia en base a lo dispuesto en el artículo 620: “Las donaciones que hayan de producir sus efectos por muerte del donante participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas establecidas en el capítulo de la sucesión testamentaria”. La interpretación del citado artículo ha devenido en considerar dichas donaciones como una suerte de legado hecho en testamento  con todos los efectos o relaciones jurídicas que ello conlleva.

  • Donaciones con reserva de la facultad de disponer

El artículo 639 contempla un supuesto excepcional en relación con la irrevocabilidad de la donación. “Podrá reservarse el donante la facultad de disponer de algunos de los bienes donados o de alguna cantidad con cargo a ellos; pero si muriere sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que se hubiese reservado”.

  • Donación con cláusula de reversión

Conforme al artículo 641, el donante cuenta con facultades para establecer una reversión convencional o un derecho de retorno en su favor o en el de un tercero.

   

Moisés Bejarano González.

 Abogado

Derecho / fiscalidad

Valor del derecho de usufructo a efectos fiscales

En numerosas ocasiones, sobre todo en caso de herencias, cuando existen inmuebles al Cónyuge sobreviviente le corresponde el Usufructo del inmueble y a los hijos la Nuda Propiedad (en adelante NP) del mismo y surge de inmediato la pregunta de cómo se valoran ambos derechos. Es decir, que parte del valor del inmueble corresponde al usufructo y que parte debe atribuirse a la NP. En este artículo se trata de dar unas reglas concisas para encontrar, fácilmente, el valor de ambos derechos.

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Actualidad / comunidad propietarios

Instalación de un punto de recarga en comunidades de propietarios

Cada vez es más común la adquisición de vehículos eléctricos tanto por motivos ecológicos, como de optimización del consumo. A pesar que cada vez existen más conductores que optan por un vehículo de este tipo, tener un punto de recarga en casa es necesario, dado que la infraestructura de recarga todavía es escasa.

Cuando uno reside en vivienda unifamiliar, la decisión e instalación del punto de recarga para vehículo eléctrico es clara, pero ¿qué ocurre en las comunidades de propietarios? ¿Puede instalarse un punto en la plaza individual? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), introdujo esta cuestión en su reforma operada mediante la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, entrada en vigor en fecha 28 de junio de 2013. Concretamente, el art. 17.5 de la LPH, establece que solo será necesaria una mera comunicación previa al presidente de la comunidad, de su intención de instalar un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio (siempre que éste se ubique en la plaza individual de garaje). Asimismo, por tratarse de un servicio individual, tanto su instalación como el consumo de electricidad correspondiente, deben ser asumidos íntegramente por el interesado.

En algunas comunidades autónomas, habrá que atenerse a la normativa propia, como por ejemplo en Cataluña, donde dicha cuestión se regula en el art. 553-36 del Código Civil Catalán, tras la nueva redacción introducida por el art. 1 de la Ley (Cataluña) 5/2015, 13 de mayo, el cual establece que habrá que comunicar a la presidencia o administración de la comunidad, con treinta días de antelación al inicio de la obra, el proyecto técnico y la certificación técnica, una vez finalizada. Durante dicho plazo de treinta días, la comunidad podría proponer una alternativa razonable y más adecuada a sus intereses generales.

                                                                                                       María Ferré Martínez

Abogada

Actualidad / Vivienda

Novedades en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

En la compra-venta de un inmueble debe afrontarse el impuesto de incremento del valor del terreno, lo que coloquialmente se conoce como la plusvalía municipal, que en muchos casos supone una sorpresa para quien se ve en la obligación de abonarlo. En ocasiones supone una cantidad muy elevada, incluso por encima del impuesto de transmisiones u otros gastos o impuestos.

El hecho de que sea un impuesto que se calcula de forma automática por unos parámetros que tiene cada municipio, resultando la cuantía a pagar por el supuesto incremento del valor del terreno, sin tener en cuenta el valor real del mismo en el momento de la operación, ha generado no pocas polémicas y reclamaciones. Además, ha sido notoria la reciente sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declaran inconstitucionales dos artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa (reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Lo que se le planteaba al TC era que la normativa reguladora de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal establece una regla de valoración legal que no puede ser corregida cuando se produce una minusvalía. Esto resulta contrario al principio constitucional de capacidad económica, y también si la regla de valoración legal establecida permite o no una prueba en contrario que permita en vía de alegación o de recurso administrativo o contencioso-administrativo acreditar y probar que se ha producido una revalorización menor o una minusvalía.

Asimismo, se planteó otra duda, que era si cuando a través de la prueba se acredite que el incremento de valor real de los inmuebles, objeto de la liquidación, es inferior al que resulta de la aplicación de los porcentajes previstos en la Ley de Haciendas Locales.

Lo que se cuestiona de este impuesto es que el valor catastral del suelo que aparece en el recibo del IBI de los inmuebles, es la base de cálculo para el impuesto del incremento, y que tal valor catastral se determina en base al valor real o de mercado del suelo. Tal criterio, sin embargo, se ha convertido en una especie de trampa, puesto que durante los años en los que la crisis inmobiliaria ha sido más evidente, muchos de los valores catastrales han tenido una tendencia alcista, lo que no se producía de la misma manera en el valor real que les ha de servir como base, y este último sufría un fuerte descenso en el mercado, lo que llevaba a una clara incongruencia.

Es fácil adivinar lo que en la realidad ocurre con el sistema establecido hasta ahora, y es que aunque en la transmisión haya habido pérdidas o pequeñas plusvalías para el contribuyente, al liquidar el impuesto resultará una cantidad a abonar al municipio, siendo que en el caso de pequeñas plusvalías, puede resultar claramente desproporcionada.

La consecuencia de ello es que se entiende que se estaría infringiendo el principio de capacidad económica contemplado en nuestra Constitución, que iría ligada a la aptitud para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias. De tal manera, que si tal aptitud no existe, (no hay incremento de valor), no se puede producir el hecho imponible que da lugar al pago del impuesto, ya que se consideraría el mismo como de carácter confiscatorio, no aceptado por la Constitución.

A tal conclusión llega el Tribunal Constitucional, entendiendo que no se pueden gravar riquezas virtuales o ficticias (en caso de minusvalías), debiéndose gravar exclusivamente riquezas reales o potenciales sin que se pueda aplicar de manera automática el impuesto.

La transcendencia de la sentencia es alta puesto que, si bien lo que hace es declarar inconstitucionales determinados artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa, éstos son copia casi literal de los artículos contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, ésta también será objeto de revisión con lo que los municipios pueden ver limitada su capacidad de obtención de recursos económicos vía fiscal.

Se producen consultas sobre si es pertinente negarse al pago de tal impuesto sugiriéndose que hasta que no se produzca un pronunciamiento respecto de la Ley de Haciendas Locales, lo procedente es pagar y reclamar siempre que por la transmisión que dio lugar al impuesto no se obtuvo ninguna ganancia, o se produjeron pérdidas, que no haya transcurrido el plazo de 4 años desde que se hizo el pago del impuesto, y que la liquidación practicada por el impuesto no sea definitiva.

Para proceder a dicha reclamación deberá solicitarse ante el organismo que la recaudó la anulación de la liquidación practicada y la devolución de los ingresos indebidos o importe abonado por plusvalía municipal.

Alex Serra

Abogado

Familia / Justicia / Matrimonio

¿Soy responsable penalmente de los actos societarios de mi pareja?

En primer lugar, debemos partir del principio fundamental en la jurisdicción penal, que es el llamado in dubio pro reo que, como es conocido, significa literalmente, “ante la duda, en favor del reo” o dicho de otra manera, se presume que alguien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Este principio incluye que la carga de probar la acusación recae sobre la acusación pública o la acusación particular.

Si la parte contraria no consigue obtener y presentar ante el Tribunal prueba fehaciente de la participación del socio y pareja en los actos delictivos del otro, el Tribunal, obligatoriamente, está obligado a absolver.

Este principio de presunción de inocencia está recogido en la Constitución Española (artículo 24.2).

En una sociedad mercantil, y según la doctrina y la jurisprudencia acuñada durante años, existe y prevalece el “principio de confianza”, según el cual, y en resumen, “un socio debe fiarse, en principio, de lo que haga el otro”.

Ello fue determinado al objeto de que fluya el tráfico mercantil ya que, de otra manera, si un socio debe justificar y tener la aprobación del resto de socios, de todas y cada una de sus decisiones, es muy probable, que la empresa no pueda funcionar con la inmediatez exigida en el mercado.

Este principio protege la confianza socialmente adecuada (Sentencia Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2000) que evidencia que en una relación entre socios y administradores de una sociedad debe prevalecer un ánimo de “razonable” confianza.

Si, además, uno de los socios, es tu pareja sentimental, se entiende que esta confianza se refuerza, estando prohibido deducirse que el socio conocía, o debía conocer, las actuaciones de su pareja.

En resumen, se supone que en las relaciones mercantiles existe el principio de confianza que “permite” no saber o no conocer todos y cada uno de los movimientos de tu socio, ignorancia que se expande si ese socio es tu pareja y, además, corresponde a la acusación, probar, no solamente con suposiciones o indicios, sino con prueba de cargo suficiente, que existía ese conocimiento de que tu socio y, además pareja, estaba actuando contra ley.

 

Mar Ropero

Abogada